Como todo el país conoció, uno de los hechos más controvertidos y cuestionados de la silla giratoria, fue la llegada de los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar al Consejo Superior de la Judicatura, quienes inicialmente fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia y luego sus compañeros los eligieron como togados de esta última corporación. Hecho que desde luego, suscitó una gran controversia jurídica ante los estrados judiciales del Consejo de Estado, a partir de la demanda que instaurara Rodrigo Uprimny, y como era de esperarse el alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en una diáfana interpretación de la Constitución y la ley, pero drástica decisión, terminó anulando las elecciones de los dos togados.

El argumento central de la demanda es que en dichas elecciones se configuraba conflicto de intereses porque ambos magistrados fueron elegidos para esa nueva posición por magistrados de la Corte Suprema a quienes ellos a su vez, también habían elegido, es decir, por configuración del clásico principio clientelista: “tú me eliges, yo te elijo”. Sin embargo, la importancia de este fallo judicial es que similares hechos ya habían sido judicializados por el Consejo de Estado, como sucedió con el caso del Magistrado Nilson Pinillas, que luego de haber pasado por la Corte Suprema, fue elegido por sus colegas para ocupar una magistratura en la Corte Constitucional, pero en esta ocasión no se accedió a las suplicas de la demanda; lo que equivale a decir, que se cambió el precedente judicial que se traía.
Ahora sin entrar en detalles de cada uno de los argumentos esgrimidos por las contrapartes que trabaron el debate judicial, pienso que con estas dos decisiones del Consejo de Estado, se le devuelve un poco de credibilidad y dignidad a la justicia, porque frena la posibilidad de continuar con el carrusel de “yo te nombro, y tú me nombras” que había resultado tan exitoso y del cual había emergido un clan de poder en la rama judicial.

Ahora de todo este desenlace, lo que no me parece nada oportuno fue la arrogante postura de la Corte Suprema de Justicia, que palabras más, palabras menos, acusa al Consejo de Estado de difamar o lesionar su imagen. Como quien dice, al parecer las decisiones de la Corte Suprema son incuestionables tirando a sagradas. Con este mensaje, lo que pude captar es que la imagen y prestigio de la Corte Suprema de justicia está por encima de la Constitución y de los intereses generales de toda una nación y que sus decisiones por muy equivocadas que sean deben ser intocables. Pero creo que se le olvidó a la Corte, que la Justicia es ante todo un valor superior consagrado en la Constitución Política que debe guiar la acción del Estado y como valor que es, tiene la función de actuar como medio de control y animar y estimular a hacer las cosas cada vez mejores.