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Editorial - 19 mayo, 2010

La interinidad fiscal

El colmo de los colmos. Un país como Colombia, con uno de los mayores niveles delincuenciales y de impunidad, lleva casi 12 meses con un fiscal en calidad de interino. El recuento puede sintetizarse. El periodo del último fiscal, Mario Iguarán, se venció en julio de 2009, y desde entonces, en una interminable, vergonzosa y […]

El colmo de los colmos. Un país como Colombia, con uno de los mayores niveles delincuenciales y de impunidad, lleva casi 12 meses con un fiscal en calidad de interino.

El recuento puede sintetizarse. El periodo del último fiscal, Mario Iguarán, se venció en julio de 2009, y desde entonces, en una interminable, vergonzosa y perversa medición de pulso entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de elegir, y la presidencia de la República, nominador mediante terna, la interinidad se ha ido prorrogando una y otra vez en un acto irresponsable e indolente.

La terna inicial – Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio – ha sido a cuenta gotas modificada en su totalidad al desmayar los originales por físico cansancio luego de un centenar de simulacros de intentonas al no alcanzar ninguno de los ternados la votación calificada de las dos terceras parte de la corporación plena.

Y no hay señales de humo blanco; por su espesura, más bien se cree que se está a la espera del próximo gobierno nacional para elegir fiscal de una nueva terna no afecta al actual. No deja de ser especulación, pero los hechos tozudos no dan margen sino para nutrir esa perniciosa suspicacia.

Aún sin tomar partido por uno u otro de los ‘contrincantes’, no hay duda de la existencia de un cerrado forcejeo entre ambas ramas del poder público, a las cuales, por igual, les ha faltado grandeza para anteponer los intereses de Estado por encima de los resentimientos personales.

En medio de la crisis provocada por ese rifirrafe entre esas dos máximas instancias de poder, una verdad resplandece: es vicioso en grado superlativo el procedimiento constitucional previsto para proveer la titularidad de la Fiscalía. Esa hibridez – hija  de la desconfianza –  ha sido un fiasco absoluto que ha traumatizado la justicia, y si ya ocurrió la primera vez, júrelo que ocurrirá más veces, pues el mal ejemplo cunde.

Por fortuna, el país converge en reconocer los traumas padecidos, y consecuente, se ha visto abocado a debatir nuevas modalidades que blinden el sistema y le den garantías de calidad al país. Muchos son los que proponen invertir el proceso, asignándole a la CSJ el papel de nominador y al presidente de la República el de elector, modalidad que deja vivos los vicios actuales, sólo que traslada a la presidencia el papel de irreverente.

Otros tantos abogan por acabar la fementida hibridez para que el ejecutivo asuma en todo su esplendor la responsabilidad sobre la Fiscalía, incluida la designación autónoma de su titular. Sería lo ideal, tal cual en otras latitudes. Pero esto es Cundinamarca, no Dinamarca, signada por el respeto ciudadano hacía la constitución y las leyes, y donde no impera el clima de terror e impunidad de estos países tropicales. Aquí, en nuestro país, líbrenos Dios, es una amenaza que se cierne sobre la ciudadanía el poder absolutista emanado de una Fiscalía de bolsillo.

Con todo y las limitaciones y contrapesos previstos, la fiscalía, en más o menos proporción, ha estado al servicio del ejecutivo, obsecuente, haciéndole mandados sucios que desdoran su misión y le hacen perder credibilidad a las instituciones. Qué tal con plena autonomía. Mientras los dignatarios no eduquen con su buen ejemplo, mientras no sean paradigmáticos en sus virtudes, y mientras no haya efectivos controles legales y sociales, es un peligro dejar esa arma engatillada apuntando a la cabeza de todo el mundo.

Mientras se hace el debate democrático y el enjundioso estudio de rigor, algunos correctivos de procedimientos pueden aplicarse para evitar la repetición de este vergonzoso episodio. Lo esencial es la fijación de términos perentorios para hacer la elección, so pena de incurrirse en falta gravísima causal de sanciones. La elección inicial debe preverse con mayoría calificada, y de no darse en la segunda o tercera intentona, se recurriría a la mayoría simple.

Todas estas minucias que semejan fetichismo  legal, tal cual lo expresara el columnista de este diario, Amilkar Acosta, sobrarían si nuestros dignatarios del ejecutivo y de las altas cortes de justicia fuesen personas estadistas, por encima de la liviandad de los comunes y corrientes, educadores por excelencia, si fuesen maduros, no totalitarios, y con un sentido de grandeza a prueba de la perfidia. Como no lo son tenemos que aguantarnos sus tropelías.

Editorial
19 mayo, 2010

La interinidad fiscal

El colmo de los colmos. Un país como Colombia, con uno de los mayores niveles delincuenciales y de impunidad, lleva casi 12 meses con un fiscal en calidad de interino. El recuento puede sintetizarse. El periodo del último fiscal, Mario Iguarán, se venció en julio de 2009, y desde entonces, en una interminable, vergonzosa y […]


El colmo de los colmos. Un país como Colombia, con uno de los mayores niveles delincuenciales y de impunidad, lleva casi 12 meses con un fiscal en calidad de interino.

El recuento puede sintetizarse. El periodo del último fiscal, Mario Iguarán, se venció en julio de 2009, y desde entonces, en una interminable, vergonzosa y perversa medición de pulso entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada de elegir, y la presidencia de la República, nominador mediante terna, la interinidad se ha ido prorrogando una y otra vez en un acto irresponsable e indolente.

La terna inicial – Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio – ha sido a cuenta gotas modificada en su totalidad al desmayar los originales por físico cansancio luego de un centenar de simulacros de intentonas al no alcanzar ninguno de los ternados la votación calificada de las dos terceras parte de la corporación plena.

Y no hay señales de humo blanco; por su espesura, más bien se cree que se está a la espera del próximo gobierno nacional para elegir fiscal de una nueva terna no afecta al actual. No deja de ser especulación, pero los hechos tozudos no dan margen sino para nutrir esa perniciosa suspicacia.

Aún sin tomar partido por uno u otro de los ‘contrincantes’, no hay duda de la existencia de un cerrado forcejeo entre ambas ramas del poder público, a las cuales, por igual, les ha faltado grandeza para anteponer los intereses de Estado por encima de los resentimientos personales.

En medio de la crisis provocada por ese rifirrafe entre esas dos máximas instancias de poder, una verdad resplandece: es vicioso en grado superlativo el procedimiento constitucional previsto para proveer la titularidad de la Fiscalía. Esa hibridez – hija  de la desconfianza –  ha sido un fiasco absoluto que ha traumatizado la justicia, y si ya ocurrió la primera vez, júrelo que ocurrirá más veces, pues el mal ejemplo cunde.

Por fortuna, el país converge en reconocer los traumas padecidos, y consecuente, se ha visto abocado a debatir nuevas modalidades que blinden el sistema y le den garantías de calidad al país. Muchos son los que proponen invertir el proceso, asignándole a la CSJ el papel de nominador y al presidente de la República el de elector, modalidad que deja vivos los vicios actuales, sólo que traslada a la presidencia el papel de irreverente.

Otros tantos abogan por acabar la fementida hibridez para que el ejecutivo asuma en todo su esplendor la responsabilidad sobre la Fiscalía, incluida la designación autónoma de su titular. Sería lo ideal, tal cual en otras latitudes. Pero esto es Cundinamarca, no Dinamarca, signada por el respeto ciudadano hacía la constitución y las leyes, y donde no impera el clima de terror e impunidad de estos países tropicales. Aquí, en nuestro país, líbrenos Dios, es una amenaza que se cierne sobre la ciudadanía el poder absolutista emanado de una Fiscalía de bolsillo.

Con todo y las limitaciones y contrapesos previstos, la fiscalía, en más o menos proporción, ha estado al servicio del ejecutivo, obsecuente, haciéndole mandados sucios que desdoran su misión y le hacen perder credibilidad a las instituciones. Qué tal con plena autonomía. Mientras los dignatarios no eduquen con su buen ejemplo, mientras no sean paradigmáticos en sus virtudes, y mientras no haya efectivos controles legales y sociales, es un peligro dejar esa arma engatillada apuntando a la cabeza de todo el mundo.

Mientras se hace el debate democrático y el enjundioso estudio de rigor, algunos correctivos de procedimientos pueden aplicarse para evitar la repetición de este vergonzoso episodio. Lo esencial es la fijación de términos perentorios para hacer la elección, so pena de incurrirse en falta gravísima causal de sanciones. La elección inicial debe preverse con mayoría calificada, y de no darse en la segunda o tercera intentona, se recurriría a la mayoría simple.

Todas estas minucias que semejan fetichismo  legal, tal cual lo expresara el columnista de este diario, Amilkar Acosta, sobrarían si nuestros dignatarios del ejecutivo y de las altas cortes de justicia fuesen personas estadistas, por encima de la liviandad de los comunes y corrientes, educadores por excelencia, si fuesen maduros, no totalitarios, y con un sentido de grandeza a prueba de la perfidia. Como no lo son tenemos que aguantarnos sus tropelías.