Por: ANTONIO HERNANDEZ GAMARRA

De manera rutinaria y sigilosa, el pasado miércoles 20 quedó aprobado en el Congreso de la República el presupuesto nacional para 2011. Nada memorable quedó de los debates sobre su trámite, porque como ya es costumbre no hubo, ni en la Cámara ni en el Senado, intervenciones que valorasen el presupuesto como soporte fundamental del quehacer de nuestra sociedad, ni como instrumento de la política económica.
Ese hecho es penoso ya que se supone que una de las primeras tareas del Congreso debe ser debatir y determinar el monto del gasto público; asignar las prioridades a que el mismo se debe destinar;  valorar el tipo y monto de los tributos con que se paga ese gasto; y determinar la magnitud del déficit -si lo hay- en que se incurre. Esto último con el fin de saber cuán sostenible es, hacia el futuro, la deuda que de esa manera es necesario contratar.
Nada de eso, sin embargo, fue preocupación del Congreso porque la institucionalidad fiscal colombiana es en extremo precaria.
Como se tiene la falsa idea de que el gobierno nacional todo lo puede financiar no se discuten a fondo las prioridades del gasto público. Como en múltiples grupos sociales reina  la desconfianza sobre la capacidad del gobierno y del Congreso para asignar el gasto con criterios de racionalidad y de equidad, todo el mundo busca tener asegurada una porción del gasto total con independencia de las posibilidades del gobierno nacional.  Como se obedece pero no se cumple, a nadie parece importarle que otra vez el déficit del gobierno nacional central, que superará en el 2011 los 22 billones de pesos, sea financiado sacrificando el cumplimiento de las funciones misionales del sector descentralizado y de las entidades territoriales.
De esa manera a finales del próximo año muchas entidades del sector descentralizado seguirán mostrando, como parte de sus activos, abultadas cifras de inversiones en TES emitidos por el gobierno nacional, sin importar si ello está acorde o no con sus funciones misionales.
Fue por ello que la comisión de expertos que asesoró al anterior gobierno para estudiar el establecimiento de una regla fiscal que discipline las finanzas gubernamentales del sector central de la administración terminó diciendo: “El déficit fiscal estructural, las crecientes presiones de gasto, las debilidades institucionales… y la ausencia de mecanismos que permitan darle credibilidad a la política fiscal en el largo plazo permiten prever que la situación tenderá a agravarse si no se toman medidas contundentes para revertir la tendencia”.
Desde cuando eso fue escrito, a fines de mayo pasado, solamente se ha presentado el desmonte de los excesivos beneficios tributarios a favor del gran capital y el proyecto de regla fiscal, mientras otras de las reformas en curso introducen más inflexibilidades del gasto público en la propia Constitución, con todo lo que ello puede significar para continuar empeorando la precaria institucionalidad fiscal que de tiempo atrás tiene la sociedad colombiana.
Y eso sucede porque la política, como manera de analizar los problemas públicos, está tan descaecida que muy pocos ciudadanos piensan que el análisis de la institucionalidad fiscal es parte fundamental del debate sobre el funcionamiento de la democracia y por el contrario buena parte de la opinión cree que el debate presupuestal es una aburrida discusión entre tecnócratas.