Una situación incómoda y preocupante, por decir lo menos, es la que se ha generado en el país, luego de los mensajes públicos cruzados del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón Quintero, y el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, a raíz unas cifras de referencia sobre la pobreza y la indigencia en el país.
El Vicepresidente Garzón dijo de manera sarcástica que invitaría a hacer mercado a una plaza a los asesores del gobierno que fijaron los mínimos en $190 mil pesos, y en $90 mil pesos de ingresos,  aproximadamente, las cifras para considerar a una persona en situación de pobreza e indigencia, respectivamente. Esas declaraciones generaron malestar entre el equipo económico de gobierno.
En realidad, no es la primera vez que se presentan, en público, esas diferencias. En anteriores oportunidades el Vicepresidente manifestó su opinión sobre una reforma al régimen de pensiones, en otra oportunidad sobre el reajuste del salario mínimo y logró que se modificara en 0,5 puntos la cifra de reajuste del mínimo para este año; ha hecho referencias a temas de la crisis de la salud y a la corrupción estatal, entre otras.
Por su parte, el Presidente Juan Manuel Santos, el sábado anterior, durante la realización de un Acuerdo por la Prosperidad, realizado en Sopó, Cundinamarca, consideró que era normal que al interior del gobierno se presenten diferencias, pero que estas deben dirimirse en privado y no en público, por cuanto esto desorienta a la opinión. “La ropa sucia se lava en casa”, dijo Santos de manera bastante gráfica.
En muchos círculos fue bien recibido, por decirlo de algún modo, el “tatequieto” del Presidente Santos al Vicepresidente Garzón; no obstante, más allá de los elementos anecdóticos del tema, el mismo debería generar una profunda reflexión sobre la figura, la actitud y el talante del Vicepresidente de la República; sea quien sea.
En primer lugar, el Vicepresidente tiene rango constitucional, no es un empleado público; en segundo término fue elegido en la misma fórmula y con los mismos nueve millones de votos, aproximadamente, que eligieron al Presidente en propiedad Juan Manuel Santos. Además, no hay una subordinación orgánica con el Presidente de la República.
Sobre este importante tema, hay que revisar la figura constitucional, establecida en el artículo 202 de la Carta Política de 1991, sobre las funciones del Vicepresidente, que tiene, fundamentalmente, una función potencial de remplazo del Presidente en ejercicio. De una manera similar a la del designado, que era elegido por el Congreso y que le funcionó al país; curiosamente el último designado fue Juan Manuel Santos, y del Presidente Cesar Gaviria Trujillo.
El Vicepresidente Angelino Garzón nos merece todo el respeto, por su trayectoria como sindicalista, su experiencia política como Constituyente (en 1991), Ministro de Trabajo durante el Gobierno de Andrés Pastrana Arango, y luego Gobernador del Valle del Cauca.
Lo que menos le conviene a este país, en las actuales circunstancias, son esas diferencias públicas entre el Vicepresidente y otros integrantes del equipo de gobierno; y mucho, pero mucho menos con el Presidente.
El Vicepresidente tiene todo el derecho, y el deber, de opinar, en privado, sobre la gran mayoría de las políticas públicas. Además, tiene asiento en el Consejo de Ministros, y es un hombre de una gran experiencia en los temas sociales y laborales.
Pero lo que el Presidente y país le piden es mesura y prudencia en sus declaraciones. Hay que recordar que él hace parte del equipo de gobierno; que no puede aparecer como una rueda suelta y – mucho  menos- darle pie a quienes afirman que están haciendo populismo y apostándole a una eventual aspiración presidencial, aspiración para la cual tendría que renunciar con la debida anticipación.
Durante el gobierno de Pastrana, el Vicepresidente, Gustavo Bell Lemus, fue nombrado Ministro de Defensa. Ejerció  el cargo con decoro y eficiencia. Precisamente por su experiencia como sindicalista y como Ministro de Trabajo, el Presidente Santos debería evaluar la posibilidad de designar al  actual Vicepresidente, Angelino Garzón, como nuevo Ministro de Trabajo. En esta coyuntura, cuando el país requiere volver a tener políticas de pleno empleo, establecer programas de formalización laboral y reglamentar el Estatuto del Trabajo, uno de los tantos aspectos de la Constitución del 91 que aún no han sido reglamentados, esa designación podría ser muy bien recibida.
Pero, lo más importante    -y estamos seguros que así será- es confiar en que el Vicepresidente sabrá ejercer su cargo con la discreción, la mesura y la prudencia que las circunstancias del país le exigen.