De acuerdo a la Constitución, la Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes del país convivan en paz.

Desafortunadamente con el auge de la violencia, grupos armados ilegales, el narcotráfico y actos terroristas se desnaturalizó la Policía, puesto que se vio obligada al amparo de las armas y actitudes propias de la táctica militar para cumplir con su función primordial de asegurar a los colombianos que convivan en paz, lo que se ve amenazado con la perturbación del orden púbico por los diferentes factores generadores de violencia.

A partir de esta situación vemos como se desestabiliza la Policía y es obligada a cargar armamento largo y de apoyo, crear grupos especiales contra los grupos al margen de la ley, el secuestro y el narcotráfico, lo que lo convierte en otra fuerza militar de combate.

Esta dualidad constitucional y jurídica, con la realidad del país, ha puesto a la entidad en el ojo del huracán, ya que se han convertido en blanco de acciones terroristas por parte de los grupos ilegales, sin contar con que algunos de sus integrantes se han visto envueltos en acciones por fuera de la ley, casos de corrupción y operativos donde el exceso de fuerza ha predominado, desdibujando la imagen de la institución ante los colombianos.

Además de ello, los honorables congresistas dando cumplimiento a sus funciones constitucionales de legislar han creado leyes que restringen cada vez más las libertades, empoderando a la Policía con funciones como el ingreso a un inmueble o el arresto a una persona sin una orden judicial, lo que ha desatado olas de detracciones a la entidad porque según esto aumentaría los casos de corrupción y atropellos a la población civil.

Ahora bien, con la implementación del nuevo Código de Policía, la publicitada multa a un comprador de empanada se ha convertido en la gota que rebosó la paciencia y consideración de los colombianos con la institución, la cual ha sido objetos de críticas, burlas e insultos por las redes sociales, creando un ambiente de inconformismo, desconfianza y aversión contra los agentes policiales.

Es de entender el repudio de los colombianos ante esta sanción que a simple vista parece injusta e insólita (¿multar a una persona con $800.000 por comprar una empanada en la calle?), pero también es cierto que esto no es culpa de nuestros agentes de policía, sino del nuevo Código de Policía que sanciona esta conducta.

Creo que debemos desarmar nuestros corazones, mirar más allá de los casos aislados que empañan la institución. También debemos valorar, apreciar y reconocer la gran labor que prestan nuestros policías, los cuales abandonan sus familias para brindarnos una convivencia en paz y bajo seguridad.

No es justo que tengamos que vivir circunstancias atroces y desquiciadas como el carro bomba en la escuela de cadetes, secuestros, planes pistolas y masacres para solidarizarnos con nuestros agentes del orden, para reconocerles su abnegable y plausible labor. Debemos ser conscientes de que como institución tienen una línea de mando que deben cumplir.

En vez de buscar culpables en nuestros agentes de policía y encaminar todo nuestro desacuerdo en ellos, debemos demandar como inconstitucionales todos los artículos del Código de Policía que atenten contra nuestra Constitución, además de reclamar y castigar a nuestros honorables congresistas por legislar en contra del pueblo.