Por Raúl Bermúdez Marquez

Promovido por la red local de Universidades se realizó ayer en las instalaciones de la Fundación Andina un foro sobre “Informalidad Laboral y Empresarial de Valledupar”. Los datos de un estudio desarrollado por el Observatorio Regional del Mercado  de Trabajo del Cesar de entrada son alarmantes.

En la ciudad existe un 80% de informalidad laboral, cifra altísima sólo superada por Riohacha y Quibdó. El desempleo está por encima de la media nacional y las expectativas de enganche laboral se reducen a la construcción de vivienda de interés social, del sistema estratégico de transporte de Valledupar y del hipermercado de los Mayales.

De esos proyectos el único que generará una cantidad significativa de empleos directos es el último de los mencionados. La oferta de fuerza laboral, -como es característico del sector de la construcción-, es coyuntural y se mantiene hasta que finalizan las obras. Después de eso, crecerán otra vez el desempleo o la informalidad y seguirá incrementándose el ejército de desocupados cuya única alternativa es el mototaxismo, la venta de minutos de celulares, la piratería de discos compactos, el contrabando de combustibles, la venta de fritos o comidas callejeras y otras actividades que no generan valor agregado a la economía. A la par de ello el espejismo de las actividades mineras se sigue desinflando; de acuerdo al mismo informe de Ormet-Cesar, una inversión de 1 billón de pesos en la minería a cielo abierto produce 83 empleos; ese mismo billón en el sector agropecuario genera 500 fuentes de trabajo.

Sin embargo, a pesar de que los Planes de Desarrollo sectoriales son profusos en soluciones al sector agropecuario, en la práctica se hace poco por reactivarlo. De esa manera, en un Departamento donde confluyen todos los pisos térmicos, la cebolla se trae del Perú, la yuca de la Sabana, el guineo de Urabá y la mayoría de las frutas desde los Santandares.

La frontera agrícola sigue estrechándose por efecto de las concesiones mineras. El municipio de Valledupar constituye el 40% de la población del Cesar y la cifra de desplazados se cuenta hoy en 90 mil personas. La movilidad es un caos y el SIVA se ejecuta a paso de morrocón por el problema de las famosas redes húmedas que de acuerdo a lo que la Cámara de Comercio y el mismo gerente de Emdupar reconocen parece que no se tuvieron en cuenta en la financiación, lo cual arroja sombras de incertidumbre sobre el cumplimiento del cronograma estipulado.

El panorama que se cierne no es muy halagador y quisiéramos ver a un alcalde mucho más en sintonía con los clamores de la gente y actuando en correspondencia con nuestros problemas básicos: empleo, seguridad, reactivación del campo, salud y educación. En cuanto a la Educación Superior, su displicencia con la Universidad Popular del Cesar, merecería un capítulo especial.