Debo decir que no soy uribista ni anti uribista, intento caminar por el sendero de la objetividad, convencido de que si la sociedad civil no acepta a los actores de la guerra en honor a la tolerancia que reclama el nuevo país, estamos condenados a vivir matándonos, así firmen mil acuerdos de Paz y hasta implementen desde el Estado las deliberadamente esquivas políticas de equidad social.

Comienzo diciendo esto porque mientras el grueso de los combatientes, llámese guerrilleros o autodefensas, al contrario nuestro superan las dificultades propias de un proceso de reinserción a la vida civil; desde las filas de la ciudadanía, en nombre de viejos rencores, equivocadas lealtades y una justicia estructuralmente injusta, disparamos proyectiles pasionales que vulneran el marco jurídico de acuerdo al sujeto procesal del momento.

Ejemplo claro lo vemos previo y posterior al llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La inocencia o culpabilidad real poco importan. La consigna es que “a lo tuyo tú con la razón o sin ella”. El sector afecto al expresidente olvida que la indagatoria es el primer escenario de defensa del proceso penal y optan por cuestionar la credibilidad de la diligencia en un férreo ataque mediático a la majestad de la Corte, ocupándose de intrascendentes detalles en contra de los hechos que originaron la investigación.

Los contrarios a éstos quieren ver tras las rejas al político más influyente del país, culpándolo de todos los males del conflicto, olvidando también que la Paz no se puede construir sobre los despojos de los opositores, sino de la mano de ellos. Esta obstinación impide que el resto de colombianos acepte que los jefes guerrilleros estén en sus casas esperando el pronunciamiento de la Justicia Especial para la Paz, mientras policías y militares purgan condenas en cárceles por hechos alternos a la defensa de la institucionalidad, utilizando los irregulares métodos de la insurgencia.

Otro es el caso de los ortodoxos cuasi inquisidores. En una inequitativa distinción se niegan a aceptar que los excombatientes sean juzgados junto a miembros de la institucionalidad, dizque porque los primeros son delincuentes, siendo que la dosimetría penal siempre tendrá que favorecer al bandido, porque éste no está comprometido a observar las estrictas conductas que se endurecen de acuerdo a la dignidad de un representante de la institucionalidad.

Entonces no es de alarmarse ni alegrarse porque al doctor Uribe lo llame nuestro máximo tribunal a explicar unos hechos; sus seguidores más ayudan respetando a una entidad que él determinó como idónea cuando decidió instaurar la denuncia contra el Senador Cepeda, además de que sería triste verlos después ponderando un fallo absolutorio que desde diferentes frentes se encargaron de enlodar. Desarmémonos y ahora que se divisa una luz al fondo del abismo, luchemos para que cada día sea más grande y nos cobije a todos. Un abrazo.

Por Antonio María Araújo Calderón
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