Por Luis Napoleón de Armas P.

El Gobierno nacional inauguró la planta de reconversión de agua en Atachon, el centro de producción de agua potable más grande de La Guajira con una capacidad de 10 litros por segundo, en cercanías de Uribia, que favorecerá a 14.813 personas y 172 comunidades wayuu a través de 11 centros de almacenamiento, utilizando la energía solar y más de 1.200 viejas instalaciones, con una inversión superior a los dieciséis mil millones de pesos compartida entre la Nación (69%) y el departamento de La Guajira; esta obra hace parte del plan rescate del ministerio de vivienda. 

Pero, esto no es todo, son más de 100 frentes iguales en ejecución para suministrarle agua potable a 90 mil personas. Camarones, Dibulla, Papayal, Oreganal y otras poblaciones más serán beneficiadas con el gobierno del cambio, un sueño convertido en pesadilla durante 200 años que han vivido las comunidades ancestrales de la península, algo que ni las billonarias regalías del gas y del carbón pudieron hacer ni la Corte Constitucional quiere que se haga. Por otro lado, la convocatoria del presidente Petro al sector privado nacional e internacional está dando sus frutos; el grupo AVAL donó $100 mil millones para el agua de La Guajira, los Emiratos Árabes otorgaron 40 millones de dólares (USD) para la construcción de un hospital de tercer nivel en Riohacha; el BID concederá USD113 millones para saneamiento básico y agua potable en La Guajira y la Amazonía y el Banco Mundial dará un crédito por mil millones de dólares para cambio climático. Ahí va la VAQUI creciendo, el que no llora no mama. 

Aún mantenemos la esperanza de que el malogrado decreto de la emergencia económica para La Guajira se pueda ejecutar por otras vías a pesar de que quienes viven de la miseria de los pueblos se opongan. Los diagnósticos que se tienen sobre la alta Guajira son deprimentes; en la zona rural solo el 16% de la población tiene agua potable y los problemas sanitarios son deplorables. 

Según la CEPAL, más de 20.000 niños menores de 5 años están en riesgo de desnutrición y la tasa de mortalidad para ese rango etario es de 55.3/100.000 versus la nacional que es de 9 (DANE). En 2022 murieron por esta causa 85 menores, más de 7 por mes; esto es catastrófico; claro, esta cifra debe ser mucho mayor por cuenta de los subregistros en un territorio donde la presencia institucional para monitorear estos eventos es muy restringida. 

Este es un crimen de lesa humanidad que algún día el Estado colombiano deberá pagar. Para completar este panorama desolador, el año pasado el departamento de La Guajira registró la segunda más alta pobreza monetaria (65.4%) e igual ranquin en pobreza extrema (37.1%), ambas con tendencia al alza, solo superado por Chocó. 

La explotación minero-energética ha sido una trampa mortal para esta región, un fetiche económico; su nodriza, el río ranchería ha sido desviado o succionado para satisfacer la minería cuyos rendimientos aún no han llegado hasta el territorio wayuu.   

Por la indolencia y discriminación regional perdimos a Panamá saturada del abandono centralista de Bogotá; por eso mismo la península guajira es una costa seca que no tiene derecho al golfo de Coquivacoa, esto es inaudito. 

Conozco un plano datado en el virreinato de Maracaibo donde Venezuela llegaba hasta Valledupar y así lo enseñan en las clases, ese es el sentimiento histórico del venezolano promedio que aprobó mayoritariamente una reclamación sobre la Guayana Esequiba; esa historia negligente no se debe repetir. 

Los wayuu son tan colombianos como los andinos, tienen los mismos derechos y merecen igual respeto. 

En el 2024 seguiré haciendo pedagogía sobre la situación nacional, regional y local, pero en lo que falta de este año esta columna no aparecerá y por eso les deseo a todos mis lectores una feliz Navidad y un provechoso nuevo año, lleno de cambios y de justicia social. Mucha FUERZA.