Rayos y centellas han caído sobre el magistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, luego que se conociera de manera extraoficial su ponencia negativa  a la ley por medio de la cual se convocaría a un referendo que daría vía libre a una segunda reelección del Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Ese hecho ratifica lo polarizado que está el país frente a este tema, no hay reunión pública o privada en la cual no se termine hablando del referendo; consideramos que ello es así por la excesiva importancia que en Colombia se le da a la figura del Presidente de la República, inclusive a sus palabras y sus gestos, más que a las propias políticas que ha puesto en marcha.
Pero más allá de esa característica de la idiosincrasia de Colombia, lo cierto es que el país ha entrado en una gran expectativa por la decisión que tendrá que adoptar en las próximas semanas la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad o no de la ley que convoca a al referendo, decisión que tendrá múltiples consecuencias tanto desde el punto de vista jurídico como político.
Es muy grande la responsabilidad individual y colectiva que tendrán los magistrados de la Corte Constitucional por sus efectos sobre la democracia actual, la institucionalidad y la evolución histórica de los procesos políticos de Colombia, en el corto, mediano y largo plazo.
De allí la trascendencia que tiene el sentido de la ponencia de Sierra Porto y el fallo que emita la corte, que puede ser ratificando o rechazando la misma, fundamentalmente.
La ponencia de Sierra Porto va en sentido contrario al concepto del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, quien consideró menores los vicios de forma que tiene la ley, relacionados con la recolección de las firmas, la financiación del movimiento y el mismo trámite en el Congreso; contraria es la posición del ilustre magistrado, quien considera que esos vicios si tienen el suficiente peso jurídico como para declarar inexequible esa ley convocatoria del referendo.
Lo anterior confirma lo amplio en teorías  y tesis que es la compleja y hermosa ciencia del derecho, y en este caso el derecho constitucional, del cual Sierra Porto ha sido destacado exponente y profesor. Pero más allá del asunto jurídico, en ningún momento menospreciado, están los efectos políticos del fallo, en uno u otro sentido.
Ya que hoy es la voluntad popular sobre un presidente en ejercicio que ha tenido relativo éxito, mañana esa misma figura de la reelección, hasta por segunda vez, la podrían tratar de aplicar para un mal gobernante que quisiera quedarse en el poder, ahí mismo tenemos el ejemplo de Hugo Chávez, en Venezuela.
De acogerse la ponencia en mención, el gobierno de Uribe terminaría el próximo 7 de agosto; pero, en caso contrario, podría aspirar al tercer mandato y sería un gobierno de 12 años, con lo cual se habrían fracturado todos los sistemas de pesos y contrapesos que implica la actual estructura política de la constitución que nos rige, la de 1991.
Y sobre este aspecto es pertinente recordar las razones por las cuales los constituyentes de 1991 decidieron prohibir explícitamente la reelección en Colombia. Fue debido a la gran perturbación que ejercían sobre la política nacional los expresidentes, que con su poder impedían una renovación de liderazgo al interior de los partidos y de una u otra manera eso era visto como antidemocrático.
Si la anterior reforma constitucional que permitió la primera reelección, significó un cambio en nuestro pacto político; la ley que convoca al referendo es un cambio mucho mayor.
Sería – de hecho- una reforma parcial, incompleta de esa estructura política y a todas luces concentradora de mayor poder en manos del Presidente, en detrimento de las otras ramas del poder público y –por supuesto- de los eventuales aspirantes a sucederle que, como lo hemos visto en la práctica, están en abierta desventaja frente al presidente y candidato, por segunda vez. Es una competencia desigual e inequitativa.
Pero sea cual fuere el sentido de ese fallo, desde esta modesta tribuna de opinión pedimos respeto por la Corte, que no debe ser objeto de presiones indebidas y exageradas.
Lo que si consideramos vital es que dicho fallo sea ponderado, producto de un análisis y estudio reposado de sus aspectos y consecuencias jurídicas, políticas e históricas, y pronto para despejar el panorama político que vive el país y reducir esa gran incertidumbre que ha rodeado todo este proceso y que, reiteramos, tiene un gran costo económico en materia de aplazamiento de proyectos de inversión y de otro tipo de decisiones.
En últimas, se trata, reiteramos, a todas luces, de una decisión histórica, que implica una gran responsabilidad y que afectará, para bien o para mal, la dinámica de los procesos políticos en el país y el funcionamiento futuro de nuestra restringida democracia.