Hemos sostenido que el Estado colombiano ha cometido dos pecados capitales, darle la espalda al mar y el abandono del campo a su propia suerte. Por fortuna, el remordimiento de la conciencia colectiva se está traduciendo en acto de contrición y propósito de enmienda. En los últimos años, por fuerza de las circunstancias, el país ha empezado a valorar su privilegiada condición de ser la esquina oceánica de América y se ha convencido de la necesidad de construir más y mejores puertos, al tiempo que se modernizan los que venían operando, se atiende la erosión costera causada por el cambio climático y se registra una avalancha de empresas que se están relocalizando en sus litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y eso está muy bien.

Lo propio podemos decir con respecto al campo colombiano, increíblemente desde 1971 no se hacía en Colombia un Censo del sector agropecuario. Por fin le llegó su hora y el año pasado el Censo agropecuario, gracias al cual se dispone de información actualizada y confiable de la pungente realidad del campo colombiano de la que se adolecía. Ahora ya no hay disculpas, la política agropecuaria dejará de “volar por instrumentos”, adivinando o partiendo de supuestos o suposiciones para su implementación.

Ahora los responsables de la gestión pública, los formuladores de la política pública y el Congreso de la República disponen de esta base para la determinación de una transformación integral del sector, tal como quedó planteada en el Plan de Desarrollo y lo contempla el primer punto de los cinco que hacen parte de la Agenda que se negocia en La Habana.

Se dio otro paso importante con La Misión rural, coordinada por el experto José Antonio Ocampo, complemento necesario del Censo agropecuario, que le sirvió de base para diagnosticar con toda crudeza la dramática situación que acusa el campo colombiano. Colombia es un país de tremendas desigualdades, con enormes brechas intrarregionales e interregionales, pero la mayor de ellas es la que existe entre las zonas rurales y las ciudades.

Es bien sabido que la falta de un ordenamiento del territorio se ha constituido en una fuente generadora de conflictos en el campo, tanto por la ocupación como por el uso del territorio.

De allí la perentoria necesidad de avanzar en el ordenamiento territorial tanto departamental como regional, esfuerzo este en el que está empeñado el DNP y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como lo manda la Ley orgánica de ordenamiento territorial.

A este proceso hay que meterle pueblo, convocando a la sociedad civil y las organizaciones sociales y las autoridades territoriales deben fungir como gestores de paz y convivencia, en el entendido de que este es un imperativo moral insoslayable. Nunca antes se había llegado tan lejos en el propósito de ponerle fin a este conflicto armado sexagenario y nunca antes habíamos estado tan cerca de lograrlo. Se impone, entonces, la necesidad de forjar una Gran Alianza por la Paz, como bien supremo de la Nación. No la dejemos escapar, para ver si, al igual que las estirpes condenadas a Cien años de soledad en la obra cumbre de nuestro laureado García Márquez, tengamos “por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.