A pesar de que la naturaleza jurídica de las entidades no se lo da la equivocada manera como en ellas se toman las decisiones, si es claro que en el imaginario colectivo se puede generar la confusión, toda vez que el manejo de lo público se haga evadiendo las disposiciones de planificación, contratación, ejecución y control del gasto. Es el caso de la Gobernación del Cesar. 

Pero solo tengamos en cuenta esta desazón como referente de lo que no se debe hacer y mucho menos, seguir haciéndolo. Los organismos de control del estado se encargarán de castigar las conductas que determinen como punibles o seguir brillando como entes inoperantes frente al delito.

Como sociedad civil, en uso de la beligerancia política, nos corresponde mantener la lucha a favor de políticas incluyentes, en las que no solo se vean favorecidas cuatro personas o se imponga el capricho de un reyezuelo, sino que sea, el hasta ahora sufrido pueblo del Cesar, quien sienta llegar a sus hogares la mano del Estado, en compensación al negativo impacto que genera la extracción de los recursos naturales reservados por la buenaventura en nuestro subsuelo.

¿Cómo se hace eso?, cambiando la filosofía con que se ejecutan los presupuestos, no más contratos firmados sin que vayan a resolver una problemática, lo que inexorable convierte la transacción en un detrimento patrimonial, así mediáticamente nos lo disfracen de la gran inversión. 

Es así que no vamos a construir un colegio destruyendo otro, manteniendo la misma cobertura educativa, solo para decir que se ve más bonito; tampoco vamos a feriar astronómicas cifras en vías terciarias para favorecer predios de amigos o llevar mercancías a zonas improductivas, cuando el criterio inicial debe ser facilitar el transporte a los mercados urbanos de los productos agropecuarios de nuestros campesinos.     

Estamos llamados a ser un departamento emprendedor, apostándole decididamente al desarrollo económico local, vendiendo en otros puntos de la geografía mundial las potencialidades del territorio, al mismo tiempo que promovemos la asociatividad, cultivamos el conocimiento, garantizamos la financiación y aseguramos el mercadeo, todo soportado en la legalidad, eficientes servicios públicos y en una innegociable seguridad para todos.

Nuestras políticas públicas van a ir direccionadas al desarrollo del ser humano, a su crecimiento intelectual, al culto a la dignidad, al respeto por la vida; el cemento por sí no es malo, pero no debe ser el fin, solo un medio para construir valor público. 

Ojo que la mayoría de las moles de cemento fueron concebidas con el único pretexto de apropiarse de algunas coimas, prueba de ello es que los incoherentes documentos precontractuales de planificación, sobre los que soportaron la contratación, no logran argumentar certeramente la necesidad de la ‘inversión’, mucho menos la sostenibilidad y como si fuera poco no le apuntan al cumplimiento de alguna meta del plan de desarrollo. En la realidad, no en el apócrifo papel. 

Me decía hace pocos días un reconocido líder que ya no se ven gestores sociales empujando obras para sus comunidades, la carpetica llena de documentos debajo del brazo desapareció, hoy solo esperan el parquecito así la necesidad sea otra. La concertación es inherente a la obra pública y no se está haciendo. Por eso las obras nacen sin legitimidad. Surge otra pregunta, ¿qué hacemos entonces? Respuesta fácil. Déjate seducir por una propuesta coherente y seria, capaz de implementar regionalmente el cambio, porque la gobernación no puede seguir siendo un ente privado. Fuerte abrazo. 

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Por Antonio María Araújo Calderón