Pensé que era una broma del contralor general Edgardo Maya Villazón cuando preguntó: “¿quién paga ese daño y ese lucro cesante?”, refiriéndose en El Pilón del 10 de abril a que la construcción de la Universidad Nacional se contrató inicialmente por 38 mil millones de pesos y terminó costando 56 mil, además de que el plazo de ejecución de la obra era veinticuatro meses y pasados cinco años aún no la han entregado.

Broma porque es precisamente la Contraloría General de la República a su cargo, quien determina la responsabilidad fiscal de los funcionarios y contratistas que con su acción u omisión perjudican la ejecución de una obra, con el daño emergente y lucro cesante resultante del mundo de ‘leguleyadas’ inventadas para enmascarar la defraudación de los recursos públicos.

Hace casi un año, el 9 de mayo de 2017, en el mismo periódico la Universidad Nacional por medio de su rector, Ignacio Mantilla, anunció su renuncia a la interventoría de la obra por los ‘inconvenientes’ aplazamientos y compromisos fallidos del exgobernador Luis Alberto Monsalvo y Franco Ovalle, advirtiendo de paso que solo cuando las instalaciones físicas de campus estuvieran terminadas en un 100% pondrían a funcionar la universidad.

En esa oportunidad se acordó que la obra debía estar terminada en noviembre de ese año y junto al seguimiento del Contralor General operaría una veeduría de alto nivel, compuesta por egresados de reconocida idoneidad profesional y solvencia moral, lo cual garantizaba que en el primer semestre del año 2018, las 26 aulas, la biblioteca y la cafetería albergarían los 2.200 jóvenes que agruparían las tres facultades y los siete programas académicos con que comenzaría la sede Caribe.

El anuncio de la Facultad de Medicina hizo olvidar los sobrecostos, incumplimientos y fallas estructurales del proyecto. Los cesarenses una vez más sucumbimos ante el delito y con la complicidad mediática aceptamos el sofisma de que lo importante es el funcionamiento de la obra y no el viacrucis de irregularidades de las grandes obras en el departamento del Cesar.

Infortunadamente los plazos nuevamente se incumplieron y la frustración se apoderó de todos, al punto de que el mismo Contralor públicamente se pregunta por los responsables del perjuicio y entiendo que la veeduría se retiró, burlados por el rosario de mentiras del contratante y contratista.

En este punto de desesperanza se deben haber agotado los actos de fe por consideración social con el gobernante de turno. La Contraloría tendrá que mostrar con correctivos fiscales, su resistencia a ser tenido como un ente de simple empadronamiento de sobrecostos sin dolientes; aparte de ponernos a salvo de futuras candidaturas a la gobernación, justificadas en el mundo de obras inconclusas que este gobierno no ha podido entregar. Un abrazo.