Algunos casos sonados y que son de actualidad en los medios de comunicación, y que están a consideración todavía de la administración de justicia, han puesto de nuevo en el centro del debate a la Fiscalía General de la Nación.  En efecto, el caso de Luis Andrés Colmenares, de origen villanuevero y quien, aparentemente, fue víctima de un asesinato al norte de Bogotá, y ahora el de Sigifredo López, ex diputado del Valle víctima del famoso secuestro de las FARC, se han convertido en dos botones de muestra sobre la forma como está operando la administración de justicia en el país.
El tema de la llamada parapolítica y todo el proceso de Justicia  y Paz, en donde se habla de testigos falsos y hasta de un “cartel de testigos”, tienen en el ojo del huracán a ese ente investigador y en cuestionamiento la confianza de la cual debe gozar, por encima de todo.
Sobre este delicado tema, lo primero que hay que advertir es que en una institución tan grande, y como en toda organización humana, es posible que se presentan irregularidades, fenómenos de corrupción y tráfico de influencias, entre otros.
En algunos círculos, y voces autorizadas, inclusive, hablan de la filtración de personas afines a grupos ilegales de distinta índole, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha y también de la politiquería, teniendo en cuenta que buena parte de su personal ha sido escogido por recomendaciones políticas.
No obstante esa aclaración, la comunidad espera que las actuaciones de un Fiscal estén ajustadas a las pruebas del caso y a nuestro ordenamiento jurídico y alejadas de cualquier otro interés que no se el bien público y la correcta administración de justicia.
De allí que sea grande la tarea que tiene el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, de depurar el ente a su cargo, realizar una restructuración general y recuperar su imagen frente a todo el país, como organismo esencial de la administración de justicia.
Un derecho que tiene que ser preservado a toda costa, debe ser el de la libertad, como está establecido en nuestra Constitución política y en nuestra legislación penal. Es de suponer, en ese orden de ideas, que cuando una persona es privada de la libertad es porque existen serios indicios de su posible responsabilidad en la comisión de un delito y que – además- ella puede representar un riesgo para la sociedad o afectar la misma administración de justicia, con respeto a todas las garantías y al debido proceso.
Por supuesto que la sociedad espera, también, una lucha frontal contra el delito y la impunidad, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad con tantos problemas y conflictos; pero esa lucha, insistimos, tiene que hacerse sobre una buena investigación, con fundamentos sólidos y no con casos que se podrían considerar como una especia de cacería de brujas.
Otra arista de este problema son los altos costos de las demandas por posibles fallas en la operación de la Fiscalía General de la Nación y en la administración de Justicia. No hay derecho a que el Estado tenga que pagar miles de millones de pesos por este tipo de demandas.
Por todo lo anterior, entre otras consideraciones, el actual Fiscal General de la Nación,  Eduardo Montealegre, abogado con una amplia y completa preparación, tiene el gran reto, insistimos, de demostrarle al país que se puede confiar a plenitud en ese organismo y que las decisiones que el mismo adopta se fundamentan en hechos, en pruebas y se ajustan a derecho y no a otro tipo de consideraciones como las mencionadas anteriormente. En ese inmenso reto, debe solicitar el apoyo del Congreso de la República y de la misma Presidencia de la República, por cuanto se trata de una tarea que hacer parte esencial e indelegable de los fines de nuestro Estado de Derecho.