Por Luis Napoleón de Armas P.

Las llamadas ciencias jurídicas así como otras disciplinas, mal llamadas ciencias sociales, no operan como las fácticas, cuyos principios son de interpretación y aplicación universal, independientemente de quien examine sus ecuaciones o algoritmos.

El caso Petro, en relación al fallo de la Procuraduría, ha puesto de relieve la inmensa caja de Pandora que contiene un cúmulo de jurisprudencias, leyes y conceptos jurídicos en este país. Muchas han sido las interpretaciones de juristas, ex –magistrados, periodistas, rábulas, necios y hasta tinterillos, acerca de las posibilidades de este proceso.

O el derecho es muy laxo y vago o vivimos una institucionalidad jurídica amorfa e incoherente que refleja el caos de nuestro marco legal. Parece como si cada quien interpretara los hechos acorde con sus propios deseos y orientación ideológica, aunque algunas personas hayan tratado de darle una interpretación sana a la decisión de la Procuraduría.

Con tantas cargas pasionales e intereses políticos y contractuales, es difícil pronosticar el desenlace de este evento que ya le ha dado la vuelta al mundo, y que hace pensar que la justicia supranacional ha de venir en forma subsidiaria, pese a que ya se conocen algunas manifestaciones del T. S. de Cundinamarca.

Desde que se instituyó la reelección presidencial, se alteró el equilibrio en las altas cortes, así que, sin prejuzgar, al ciudadano de a pie, quien no conoce este enredo de decisiones y contra apelaciones judiciales, esto le parece un juego del ratón y el gato.

Todos sabemos que el procurador hizo escuela en el Consejo de Estado y que sus primeras nociones de sacrificio de corderos las tomó del Eclesiastés, y que por lo tanto, jugará de local. Reiteradamente se ha hablado del apoyo recíproco que se dan algunos magistrados de las altas cortes para ubicar laboralmente a esposas y familiares, y esto podría, hipotéticamente, influir en las decisiones a cargo, así como en algunas ocasiones ha alterado el devenir judicial, la apuesta de mafias y terroristas; el tema de la extradición es un ejemplo.

No estamos en el país de las maravillas ni gobernados por querubines. Pero, ¿cómo es posible que sea necesaria la ocurrencia de un hecho como el que nos ocupa para darse cuenta de que a pesar de tener tantas normas y preceptos constitucionales, nuestros juristas no se hayan percatado de su disfuncionalidad? Si la normatividad es galimática, nada será claro; la sociedad civil siempre se verá sometida a la erupción de toxinas que necesariamente afectarán la frágil democracia nuestra. La paz no está a la vuelta de la esquina.