La orden del presidente Gustavo Petro, ampliamente difundida por todos los medios, en la cual le dio un mes de plazo al ministro de Minas, Andrés Camacho, para tomar medidas tendientes a reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica, ha generado toda clase de reacciones y tiene en vilo al jefe de esa cartera.

La solicitud al Minminas fue hecha por el presidente Petro el 7 de mayo de 2024, en la ciudad de Barranquilla, lo que quiere decir que estamos a escasos días de conocer cuál será la fórmula que emplearía el Gobierno nacional para bajar los costos de la energía eléctrica, en especial en la región Caribe.

La propuesta del presidente Petro consiste en que el Estado pague parte de las tarifas de energía en la región Caribe, en razón a que este ha sido un problema con el que han tenido que lidiar los ciudadanos de la zona norte del país y que el alto mandatario piensa solucionar en un mes.

El tema tiene hablando a los expertos de todo el país, unos a favor de la medida y otros en contra de ella que aducen que no toca las denominadas ‘pérdidas’ ni las ‘restricciones’, diseñadas solo para los recibos que pagan los costeños. Por lo pronto, lo único se conoce es lo dicho por el ministro Camacho, quien informó que la estrategia que plantea el presidente Petro para disminuir la tarifa del servicio público es cambiar la fórmula que se aplica en la actualidad, tras explicar que los hogares del Caribe actualmente pagan en su tarifa “una deuda que el gobierno anterior dejó cargada en ese valor”.

Petro está dispuesto a que el Estado asuma esa responsabilidad y cree que de esa manera se brindaría un alivio a los usuarios en el Caribe colombiano, para lo cual propone un proceso de transformación de las fórmulas y que la deuda cargada a los hogares “se convierta en una titularización de deuda para que el Estado se haga cargo”, según explicó el ministro. También se habla de una refinanciación, pero esta idea no le gusta el mandatario de los colombianos.

Es preciso recordar que esa deuda, llamada la ‘opción tarifaria’, que se está pagando los recibos mensuales de luz corresponde a las facturas que se dejaron de pagar durante la pandemia del covid-19, se trata de una cifra de cinco billones de pesos.

El ministro Camacho no la tiene fácil debido a la complejidad del asunto. Entre tanto, por un lado, los comercializadores de energía eléctrica están atentos a los detalles de cómo será el proceso de pago de la opción tarifaria que hará el Gobierno nacional al asumir esta deuda; por otra parte, los expertos en política fiscal señalan que sería inconveniente hacerlo con la emisión de deuda pública y que el Gobierno no tiene esa competencia. La discusión está dada y al ministro de Minas y Energías se le agota el plazo.

Independiente de los temas legales y de la capacidad fiscal del Estado para asumir esa deuda -la cual no es boyante con la caída de los recaudos, porque la economía dejó de crecer, y el crecimiento de los abonos en 2024 y 2025 a la abultada deuda contraída por el covid-, desde estas líneas valoramos que el Gobierno nacional casi tardíamente le esté poniendo el pecho al problema y que se haya atrevido a soltarle el cascabel al gato. ¿Cuál será la solución precisa? No se sabe, pero lo que sí es claro es que los hogares del Caribe ya no aguantan más esos costos de la energía eléctrica. Algo hay que hacer y muy rápido.