En buen momento los actuales gobernadores de la Región Caribe han ratificado su unidad para solicitarle un apoyo prioritario al Gobierno Nacional, en esta emergencia invernal cuya mayor parte la ha sufrido la Costa Norte.
Desde el famoso Voto Caribe, cuando se acudió al pueblo, al constituyente primario, para pedirle al nuevo gobierno, con votos en las urnas, apoyo para un nuevo ente unitario y autónomo regional, se vive una gran camaradería entre los gobernadores de la Región, bajo el liderazgo de Eduardo Verano De la Rosa. Ahora, esta emergencia ha servido para renovar esas buenas relaciones que deberían ser permanentes y trascender a los funcionarios de turno.
Sin lugar a dudas, la emergencia ha sido nacional, ha afectado a 28 de los 32 departamentos del país; el daño en la misma capital, Bogotá, y en Cundinamarca, como también en Antioquia, y los santanderes, es de mucha consideración. Pero la tragedia ha sido mayor en la Costa, en nuestra región, principalmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre.
Y no es gratuito que el drama sea mayor en la Región Caribe; por el contrario, es precisamente la extrema pobreza, la marginalidad de buena parte de nuestras poblaciones, la que lleva a mucha gente, a miles de personas, a asentarse en las riberas de los ríos para poder sobrevivir ante la falta de oportunidades y la inequidad económica y social que caracteriza este territorio. Las inundaciones, principalmente de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Sinú, encontraron campo abonado para producir la hecatombe que vemos.
Los gobernadores y alcaldes de la Región han solicitado de manera unánime atención prioritaria de la administración central.  No se trata de otro gesto más de rebelión regional; por el contrario, argumentos son los que le sobran a los mandatarios costeños para hacer esa solicitud: el 70 por ciento de los afectados de todo el país, está en nuestra región; poblaciones enteras quedaron sepultadas por las aguas, son miles de hectáreas de cultivos, de pastos, cientos de animales y kilómetros de carreteras los perdidos bajo las aguas.
Y así lo ha comprendido el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien consideró bien concebida, diseñada y construida la propuesta costeña y ha anunciado su apoyo a la reconstrucción del Caribe Colombiano.  Ojalá ese apoyo se concrete en buenas obras y programas…
Los mandatarios costeños han solicitado que el 70 por ciento de la ayuda se destine para esta región del país, han pedido aumentos extraordinarios en los subsidios para vivienda y una reasignación de los presupuestos de las Corporaciones Autónomas Regionales, crédito internacional, reasignación de recursos de regalías, entre otros puntos.
Son cifras astronómicas las que se requieren, billones de pesos para toda la Costa, principalmente para el Atlántico. El Cesar, según las cifras de la misma gobernación, sólo requiere trescientos treinta mil millones; pero el tema es mucho más de fondo. Más allá del tema económico, aritmético, se debe mirar el aspecto humano: esta emergencia debe servir para que la dirigencia costeña abone, en buena parte, a la deuda social que tiene con el pueblo raso de esta región del país.
Es una oportunidad para un plan pensado en los más humildes de la Costa, que debe ser mirado más allá del sector público e involucrar también a la empresa privada, al sector educativo, y a otros sectores sociales, en una gran movilización para ayudar a estas personas con soluciones de mayor largo plazo; más allá de la emergencia.
Nos alegra la buena disposición del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, siempre muy pendiente de la Costa, dispuesto a canalizar recursos de crédito para la región en la actual coyuntura. Pero con el crédito hay que tener mucha prudencia…
Hemos dicho en estas mismas páginas, y hoy lo volvemos a reiterar, que la clase dirigente costeña tendrá que manejar con transparencia total estos recursos para reconstruir esta región del país; las comunidades afectadas, y el pueblo costeño, en general, no puede aceptar casos de corrupción con estos recursos que deben ser sagrados. Los mismos deben ser manejados en una urna de cristal, con eficiencia y con criterios claros de asignación, a los más necesitados y ojalá no se desvíen para otros fines, electorales, por ejemplo, en un año crucial.
Corresponde a los organismos de control, comenzando por la propia Contraloría General de la República, pero también a las propias comunidades y a las organizaciones no gubernamentales, y también a los medios de comunicación, vigilar que estos recursos, reiteramos nuevamente, lleguen a los verdaderos afectados, de manera oportuna y eficiente.
Esta  crisis debe convertirse en una oportunidad de progreso para la costa y hacer realidad el eslogan “Nada va a ser igual, todo va a ser mejor”, esbozado por los gobernadores ante el Gobierno Nacional. Por el bien de todos,  esperamos que así sea.