Para que uno se haga una idea de la plata de todos los colombianos que está en juego en las arenas judiciales basta con mirar estos dos datos: la suma que pretenden los demandantes es superior en casi $100 billones al total del Presupuesto General de la Nación para el 2022 ($350,4 billones), y unas 30 veces el costo estimado del megaproyecto del metro de Bogotá ($15 billones)”.
Puso ayer el dedo en la llaga, en su columna “En el ojo de la justicia”, el editor del diario El Tiempo, Jhon Torres, al pensar en los miles de demandas contra el Estado, en todos los niveles.
Empezó con la Nación: “…de los $426 billones que estaban en pleito en el 2020 en casi 370.000 procesos que cursan en tribunales nacionales y externos se pasó a $ 448 billones.
Para que uno se haga una idea de la plata de todos los colombianos que está en juego en las arenas judiciales basta con mirar estos dos datos: la suma que pretenden los demandantes es superior en casi $100 billones al total del Presupuesto General de la Nación para el 2022 ($350,4 billones), y unas 30 veces el costo estimado del megaproyecto del metro de Bogotá ($15 billones)”.
¿Y qué ha pasado con esos procesos y sus pretensiones? “La tasa de éxito de la Nación en los procesos judiciales no es nada destacable: apenas llega al 52 por ciento de los casos. Pero cuando interviene la Agencia de Defensa Jurídica se dispara por encima del 80 por ciento, y cuando hay condenas, el monto promedio no alcanza el 20 por ciento de la pretensión inicial de los demandantes. Y desde el 2018, la labor coordinada por la Agencia le evitó a la Nación condenas por más de 60 billones de pesos”, (casos de arbitramento internacional, Electricaribe, América Movil, principalmente).
“…el Estado colombiano se está defendiendo mejor en los estrados judiciales. Tras décadas de desidia –en ese campo, era una verdad de a puño decir que la Nación se defendía mal de las demandas en su contra, si es que se defendía–, la creación de la Agencia de Defensa en el 2011 marcó un giro radical que, como país, nos ha ahorrado billones. El blindaje de esa institución de los apetitos políticos ha permitido los resultados que les han dado un respiro a las necesitadas cuentas del país, más en tiempos de pandemia” .
¡Pero ojo!:
“…no es suficiente. Hoy tenemos un panorama de las demandas contra el nivel central y una estrategia coordinada de defensa, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántas son y a cuánto ascienden las demandas contra las entidades del orden territorial y municipal. Esa es una vena rota que aún desangra el presupuesto público, porque muchos municipios y algunos departamentos –por falta de recursos, de voluntad política, mala gestión y, también, por corrupción de algunos funcionarios– siguen dando pie a millonarios reclamos o permitiendo que prosperen muchos otros totalmente injustos porque simplemente no hubo una defensa judicial eficiente” .
Este escrito debe leerse en todos los municipios de El Cesar y de La Guajira, y en los departamentos. Porque pasan eventos de descarado desangre de las arcas públicas. No quiere decir que el Estado no deba responder por sus actuaciones, omisiones y daños, -ojalá también sus funcionarios ahora que se acaba de mejorar la ley de repetición contra ellos-, pero los mandatarios deben con orden y honestidad, por los pobres tan necesitados de su localidad, atender los casos judiciales. E informar a sus ciudadanos amplia y periódicamente cuántas demandas hay, de qué tipo y con qué pretensiones y el grado de atención que ejerce su gobierno.
Para que uno se haga una idea de la plata de todos los colombianos que está en juego en las arenas judiciales basta con mirar estos dos datos: la suma que pretenden los demandantes es superior en casi $100 billones al total del Presupuesto General de la Nación para el 2022 ($350,4 billones), y unas 30 veces el costo estimado del megaproyecto del metro de Bogotá ($15 billones)”.
Puso ayer el dedo en la llaga, en su columna “En el ojo de la justicia”, el editor del diario El Tiempo, Jhon Torres, al pensar en los miles de demandas contra el Estado, en todos los niveles.
Empezó con la Nación: “…de los $426 billones que estaban en pleito en el 2020 en casi 370.000 procesos que cursan en tribunales nacionales y externos se pasó a $ 448 billones.
Para que uno se haga una idea de la plata de todos los colombianos que está en juego en las arenas judiciales basta con mirar estos dos datos: la suma que pretenden los demandantes es superior en casi $100 billones al total del Presupuesto General de la Nación para el 2022 ($350,4 billones), y unas 30 veces el costo estimado del megaproyecto del metro de Bogotá ($15 billones)”.
¿Y qué ha pasado con esos procesos y sus pretensiones? “La tasa de éxito de la Nación en los procesos judiciales no es nada destacable: apenas llega al 52 por ciento de los casos. Pero cuando interviene la Agencia de Defensa Jurídica se dispara por encima del 80 por ciento, y cuando hay condenas, el monto promedio no alcanza el 20 por ciento de la pretensión inicial de los demandantes. Y desde el 2018, la labor coordinada por la Agencia le evitó a la Nación condenas por más de 60 billones de pesos”, (casos de arbitramento internacional, Electricaribe, América Movil, principalmente).
“…el Estado colombiano se está defendiendo mejor en los estrados judiciales. Tras décadas de desidia –en ese campo, era una verdad de a puño decir que la Nación se defendía mal de las demandas en su contra, si es que se defendía–, la creación de la Agencia de Defensa en el 2011 marcó un giro radical que, como país, nos ha ahorrado billones. El blindaje de esa institución de los apetitos políticos ha permitido los resultados que les han dado un respiro a las necesitadas cuentas del país, más en tiempos de pandemia” .
¡Pero ojo!:
“…no es suficiente. Hoy tenemos un panorama de las demandas contra el nivel central y una estrategia coordinada de defensa, pero nadie sabe a ciencia cierta cuántas son y a cuánto ascienden las demandas contra las entidades del orden territorial y municipal. Esa es una vena rota que aún desangra el presupuesto público, porque muchos municipios y algunos departamentos –por falta de recursos, de voluntad política, mala gestión y, también, por corrupción de algunos funcionarios– siguen dando pie a millonarios reclamos o permitiendo que prosperen muchos otros totalmente injustos porque simplemente no hubo una defensa judicial eficiente” .
Este escrito debe leerse en todos los municipios de El Cesar y de La Guajira, y en los departamentos. Porque pasan eventos de descarado desangre de las arcas públicas. No quiere decir que el Estado no deba responder por sus actuaciones, omisiones y daños, -ojalá también sus funcionarios ahora que se acaba de mejorar la ley de repetición contra ellos-, pero los mandatarios deben con orden y honestidad, por los pobres tan necesitados de su localidad, atender los casos judiciales. E informar a sus ciudadanos amplia y periódicamente cuántas demandas hay, de qué tipo y con qué pretensiones y el grado de atención que ejerce su gobierno.