El debate sobre la reforma al régimen de regalías sigue creciendo y continuará haciéndolo en los próximos meses. El tema ya se ha convertido en debate nacional, debido al despliegue que tiene en radio, en televisión y en la prensa de Bogotá. Pero como en muchos otros temas, una cosa piensan los tecnócratas y políticos en Bogotá y otra la gente en la provincia.
En nuestro departamento se han iniciado distintos movimientos que buscan proteger ese derecho constitucional a contar con dichos recursos. En Valledupar, es de destacar la contribución al debate hecha por el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (Csir), al invitar al ex contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, quien en una clara y sencilla exposición explicó su percepción del problema, a la vez que hizo recomendaciones sobre la reforma a la distribución de estos recursos.
En opinión de Hernández Gamarra es claro, a la luz de  la Constitución Política de 1991, que las regalías son de las regiones. Considera que hay que esperar que el gobierno haga oficial la propuesta de reforma, si esta implica un cambio constitucional es porque busca para la Nación esos recursos; si esta es sólo a la ley, la discusión de la distribución es inter-regional.
En su concepto no se requiere una reforma constitucional, pero si una reforma legal para reducir esa inequidad entre municipios productores y no productores, al interior de un mismo departamento. Insiste, además, en que con los ingresos proyectados, con base en las proporciones actuales, es posible satisfacer una canasta básica de servicios sociales en estas poblaciones y también ahorrar parte de los recursos bajo la titularidad de los municipios y departamentos.
Consideramos fundamental, como bien lo señala Hernández Gamarra, distinguir sobre el origen de los recursos;  ya que los porcentajes de regalías hoy se hacen según los productos. Y de acuerdo con las proyecciones, aproximadamente el 70% de las regalías provienen de hidrocarburos y un 20% de carbón y – por lo tanto- el gran impacto de la supuesta bonanza no será en los departamentos productores de carbón, sino en los petroleros.
Además, el carbón, por las características de su producción, tiene un horizonte de explotación más largo que el petróleo. En efecto, mientras la explotación de carbón puede tomar 40 años, un pozo petrolero tiende agotarse a los 15 y 20 años. Esta situación, por ejemplo, cambia las perspectivas de la necesidad de ahorrar, que debería considerarse en cada uno de los productos, pues los hidrocarburos generan un volumen importante de regalías en un plazo relativamente corto, mientras que el carbón genera un volumen mucho menor en un plazo relativamente más largo.
Luego la posición del gobierno nacional, que argumenta que estos recursos le pertenecen a la Nación y no a un grupo pequeño de territorios, no tendría mucha solidez jurídica.  Adicionalmente, se olvida que son las regiones productoras las que sufren los efectos negativos de la explotación minera, especialmente en el caso de las minas de carbón a cielo abierto.
Existen, por ejemplo, los impactos ambientales que causa la explotación en las fuentes hídricas de los suelos que están alrededor de la mina y que limitarán la producción agropecuaria del departamento. En teoría, este costo deben asumirlo las empresas productoras.
Otro ejemplo, son los problemas de salud que genera la explotación carbonífera en las áreas de influencia o la alta accidentalidad del transporte terrestre del mineral que afecta los municipios del corredor vial por donde se moviliza la producción de la mina al puerto.  Y estos costos, actualmente, deben ser asumidos por los departamentos productores.
Además está el problema de la inflación en las regiones y otros problemas sociales, como las migraciones incontrolables que generan estas explotaciones y que van asociadas a problemas como la inseguridad, la prostitución, etc.
Adicionalmente, no se puede olvidar que los departamentos y los municipios productores han asumido gastos y compromisos financieros,  a partir de la expectativa de las regalías y – por ende- eliminarlas tendría un impacto significativo en la situación fiscal de estos territorios. ¿Cómo asumirán estos entes los compromisos adquiridos? ¿Lo haría el gobierno nacional?.
Ha hecho bien el Gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, en llamar a los congresistas del departamento y de otras regiones, como también a sus colegas de otros departamentos productores de petróleo o carbón, para conformar una especie de frente común para asumir el problema;  como también, en igual sentido, invitar a expertos, a académicos y a ciudadanos del común, como fue el caso de la Tertulia de ayer en el Parque de las Madres, en Valledupar. Esto es necesario, pero no es suficiente.
Se requieren argumentos sólidos, de carácter económico, jurídico y social, para defender ese derecho de nuestra región a las regalías, por esa deuda social por tantas décadas aplazada.  Al igual que un conjunto pequeño de voceros para defender esos argumentos y consideramos que falta mucho por hacer, en este sentido.
En nuestro caso, con información, comentarios y opiniones queremos orientar a nuestros lectores y  aportar algunos argumentos que consideramos pueden ayudar en la defensa de este propósito regional.