Me enteré por los medios de comunicación que esta semana se reunieron en Montería los 32 gobernadores del país, el presidente Juan Manuel Santos, varios de sus ministros y el Alto Concejero para la paz, Sergio Jaramillo, entre otros, para debatir sobre el desarrollo rural colombiano en el marco de los acuerdos suscritos con las Farc en la Habana.

Me llamó mucho la atención que en la agenda de dicha cumbre no incluyeran un solo dirigente gremial de la producción agropecuaria del país, los legítimos voceros y representantes de los 11 millones de agricultores y ganaderos que viven angustiados por las permanentes extorsiones y secuestros de las guerrillas y el abandono del Estado. Es decir, realizaron una cumbre rural sin los principales actores del desarrollo agropecuario del país. Una especie de parranda vallenata, sin acordeón.

Guardo un gran aprecio por el doctor Amylkar Acosta, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, pero pienso que cometió un grave error al desconocer el rol que juegan los gremios de la producción agropecuaria en la discusión y construcción de la política agraria y rural del país. No hay que ocultar las pésimas relaciones que existe entre el Gobierno del presidente Santos y los presidentes de Fedegan y la SAC, pero lo “cortés no quita lo valiente”. Ya le había sucedido en la pasada cumbre de gobernadores en Villavicencio, donde los “convidados de piedra” fueron los ministros de Vivienda y Transporte, por una pelea de poder político y económico entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el vicepresidente German Vargas Lleras. Al final del encuentro, el país se enteró quien era el dueño de la chequera.

Claramente, las expectativas en esta cumbre rural de gobernadores estaban centradas en los “Contratos Paz”, que el Gobierno fue a repartir a cada gobernador para cumplir lo pactado con las Farc en La Habana. Las adecuaciones de las Zonas de Reservas Campesinas, que el hijo del expresidente Ernesto Samper va a concesionar a los reinsertados de las Farc en el Catatumbo y otras regiones del país, van a requerir de millonarias inversiones en “Bienes Públicos”. Las inversiones que requieren los 11 millones de productores del campo que trabajan en la legalidad, tendrán que esperar. Las contradicciones de la vida.

Guardábamos la esperanza que en esta cumbre rural los gobernadores exigirían al presidente Santos terminar obras tan importantes como la represa del rio Ranchería en La Guajira, la construcción de los cinco diques fusibles para proteger de las inundaciones la región agrícola de La Mojana y la construcción de la vía que comunica a los municipios de Puerto Gaitán con Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño en el Meta y Vichada, para producir en estos cuatro departamentos las 10 millones de toneladas de alimentos que estamos importando.

Tampoco se discutió la iniciativa de instituir los POT rurales para zonificar las áreas agrícolas de acuerdo a la vocación de los suelos en cada departamento. En otro Gobierno será.

En el tintero: Lo que nos faltaba, la ministra de Educación denunciada por plagio. Qué locura de país.