El pasado 30 de septiembre de 2021 leí una noticia en este medio sobre los el aumento de las basuras en la ciudad. El titular decía: ‘¿Carromuleros son los responsables del aumento de basuras en Valledupar?’. La respuesta parece obvia, pero la culpa no es solo de ellos. 

En los últimos meses ha aumentado el número de puntos críticos en la ciudad, hoy pasan de 40 los lugares en donde los carromuleros arrojan toda clase de residuos, en su mayoría los resultantes de las podas de árboles y los de la construcción.  Parece una problemática de no acabar, la excusa siempre es la misma, no hay escombrera municipal, cosa que no es tan cierta; el municipio cuenta con siete lugares autorizados para la disposición de los residuos de la construcción y demolición (RCD), para las podas hay por lo menos 5 sitios que ha dispuesto la administración municipal para que los carromuleros puedan disponer los residuos sólidos, pero insisten en hacerlo en cualquier lote que se encuentren en la vía, a la vista de todos, incluso de las autoridades.  Hasta aquí la respuesta sigue siendo obvia. 

Pero hablemos de otro culpable del problema, a mi juicio el mayor responsable:  el ciudadano que contrata al carromulero, este individuo del que nadie habla, pareciera que no existiera y que no puede pasar desapercibido, son los que generan los residuos y por ahorrarse unos pesos contratan el servicio de un carromulero para que se deshaga de sus podas, escombros, colchones, electrodomésticos inservibles, etc.

No les interesa la problemática que eso le genera a la ciudad y mucho menos la problemática que le generan al ambiente.  Hace unos meses participé en una mesa de trabajo citada por la administración municipal para tratar esta situación, en ella la Policía  nacional se quejaba por no tener una herramienta para sancionar a los carromuleros, afirmaban que los comparendos ambientales eran un saludo a la bandera y que se necesitaba un decreto que les permitiera decomisar las carretas  o vehículos cuando los sorprendieran depositando los residuos en los lugares no autorizados, una acertada alternativa, pero parece que a la persona que el alcalde Mello Castro le puso la tarea se le olvidó hacerla.

Por supuesto di mi opinión de lo que también puede resultar una estrategia para solucionar parte del problema: es necesario sancionar no solo al carromulero sino al que lo contrata. Según la Ley 1801 de 2016 entre las medidas correctivas a los infractores de las normas de Policía y convivencia, está la imposición de multas entre 32 a 40 salarios mínimos diarios legales vigentes.

En caso de no pagar la multa dentro de los noventa (90) días siguientes a su imposición, el Estado iniciará un proceso de cobro coactivo por el valor de la multa, y estará impedido para: ser nombrado o ascendido en cargo público, ingresar a las escuelas de formación de la fuerza pública, contratar o renovar contratos con cualquier entidad del Estado, entre otras.

 Por otra parte, la empresa de aseo presta el servicio de recolección en el domicilio de esta clase de residuos, pero no hay por parte de ellos una información clara, nadie sabe cuánto cobran por botar los residuos de una poda o un colchón o cualquier otro inservible, deberían enviar toda esa información adjunta al recibo en donde cobran por su servicio, que entre otras cosas cada día está más costoso. 

Por último, hay puntos críticos que seguirán siendo críticos así se decomisen todas las carretas. Lo que pasa en la avenida Emiliano Zuleta, en Don Carmelo y en Brisas de la Popa detrás del Batallón la Popa requiere una solución de fondo, comprar y legalizar predios, pero esto debe hacerse de manera silenciosa porque el político que manifieste la necesidad y la voluntad de hacerlo entonces es señalado, cuestionado y hasta encarcelado. ¡Qué horror!