La gobernabilidad en el Cesar podría estar en riesgo en un mandato de Luis Alberto Monsalvo Genecco que ‘a las primeras de cambio’ se ha dedicado a defenderse.

Apenas superábamos los titulares, las columnas, editoriales, noticias y las investigaciones que literalmente le dieron ‘la vuelta al mundo’ producto de la apertura de una investigación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación “por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández, para suscribir 37 contratos por más de $14.065 millones”, según lo dio a conocer EL PILÓN.

Días antes, El procurador Fernando Carrillo denunciaba presuntos sobrecostos del 50 % en la compra de mercados para población vulnerable en medio de la pandemia; de repente, un nuevo escándalo aparece en la agenda pública local, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Geneco, debió comparecer a indagatoria en audiencia  virtual ante el Tribunal Superior Judicial de Bogotá.

A Monsalvo Genecco le desempolvaron un caso donde es acusado, por la Fiscalía General de la Nación, “de haber pactado con los habitantes de la invasión Tierra Prometida a no sacarlos de los predios ocupados ilegalmente a cambio de que votaran por él para ser elegido como gobernador entre el periodo 2012-2015”, según lo informó EL PILÓN.

Más leña al fuego: el abogado Evaristo Rodríguez, representante del mayor Alberto Pimienta Cotes, víctima en el pleito, alegó que es necesario imponerle una medida de aseguramiento al gobernador y dice tener pruebas de “la mala conducta de Monsalvo”. Esta parece ser la segunda parte de nuestro editorial del 23 de abril, “Monsalvo: a desvirtuar acusación…”

Si bien es cierto que se parte del principio de la buena fe, la presunción de inocencia y el debido proceso; sin querer o pretender prejuzgar porque no nos corresponde esa función, pero si hacemos un llamado a la ciudadanía a transitar hacia un voto libre.

Ante esta crisis de gobernabilidad se sugiere una mejor escogencia de quienes van a dirigir los destinos del departamento, dado que un gobernante investigado se dedicará a defenderse como es natural. En democracias más maduras quienes se ven inmiscuidos en investigaciones se apartan del cargo para defenderse. 

A la situación del gobernador se suma lo informado por el diario EL PILÓN sobre la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda de nulidad electoral en contra de la elección de Darling Guevara como rectora de la Universidad Popular del Cesar, declarando su suspensión provisional.

A lo que llamamos ‘crisis de gobernabilidad’ siguen los escándalos recientes por la situación de los concejales salientes, harina de otro costal, pero que sigue siendo un caso sin resolver, las elecciones de personeros y contralores, documentadas por este medio, sin contar con los costosos mercados de los pobres que fueron entregados a la clientela política.