Tal y como estaba anunciado, ayer el Congreso de la República escogió al pereirano Carlos Felipe Córdoba como nuevo contralor general, en reemplazo de Edgardo Maya Villazón, quien estará en el cargo hasta el próximo 31 de agosto.

Su designación se proyectó desde la semana anterior, luego de la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe (Centro Democrático), Andrés Pastrana (Conservadores) y César Gaviria (Liberales); además del respaldo de Germán Vargas Lleras (Cambio Radical). Públicamente el electo contralor les agradeció luego de haber conseguido 203 de los 254 votos.

Así las cosas, el próximo 1 de septiembre será el acto oficial de posesión de este hombre curtido en lo público, quien ha sido vicecontralor general, auditor general y director ejecutivo de la Federación de Departamentos.

La elección se dio a seis días de la Consulta Anticorrupción, proceso ante el cual los caciques políticos antes mencionados han mostrado oposición, por lo que genera expectativa si tiene Córdoba la suficiente autonomía sobre la posición pública que asumirá como nueva cabeza visible contra la corrupción. Por tratarse la Contraloría de la entidad encargada del control fiscal a los fondos y bienes del Estado, su líder debería reconocer todo esfuerzo contra la corrupción, aun en contra del sentir de quienes fraguaron su designación.

¿Deberá consultarles a sus padrinos antes de pronunciarse? ¿Se mantendrá apartado del tema hasta su posesión? Amanecerá y veremos.

Con o sin apoyo del nuevo contralor, lo cierto es que no será fácil el éxito de la Consulta Anticorrupción, pues debe superar dos umbrales: el primero se llama umbral de participación y es el número de personas que tienen que salir a votar para que esa consulta pase, 12’140.342. El segundo es el umbral de aprobación, es el número de votos por el SÍ que necesita cada pregunta para pasar; cada pregunta debe sacar la mitad de los votos más uno.

Hay gran reto que debe asumir la ciudadanía, pese a los antecedentes que de este tipo de mecanismos de participación que no han logrado su objetivo.

Recordemos que cuando en el 2003 el entonces presidente Álvaro Uribe llamó a un Referendo que, entre otras cosas, buscaba la reducción del número de congresistas, sólo la primera pregunta alcanzó el 25% del umbral necesario en este mecanismo. Y en la historia más reciente está el plebiscito por la paz para legitimar el acuerdo entre Gobierno y las Farc, el cual sólo requería el 13% en la respuesta del SI a lo propuesto por el Ejecutivo, pero, aunque la votación total fue del 37% del censo electoral, el NO venció por una diferencia mínima.

Nuestra invitación para el próximo domingo es a acudir a las urnas a votar por el SÍ, pues aunque se cuestione los más de 300 mil millones de pesos que cuesta el proceso democrático ya no hay vuelta de hoja en ese gasto, y lo mejor es sentar un precedente histórico sobre la posición ciudadana frente a la corrupción.