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Editorial - 6 octubre, 2019

La compra de votos y otros delitos electorales – Parte I

Queremos abordar este tema a partir de hoy, a pocos días del 27 de octubre, fecha de las elecciones regionales en todo el país, pues como ustedes sabrán el Cesar no solo no escapa a la ocurrencia de delitos electorales sino que además en ocasiones es protagonista de lamentables noticias al respecto y debemos sumarnos a una campaña de transparencia en nuestro territorio, como el medio de comunicación escrito por excelencia.

Parte I

Queremos abordar este tema a partir de hoy, a pocos días del 27 de octubre, fecha de las elecciones regionales en todo el país, pues como ustedes sabrán el Cesar no solo no escapa a la ocurrencia de delitos electorales sino que además en ocasiones es protagonista de lamentables noticias al respecto y debemos sumarnos a una campaña de transparencia en nuestro territorio, como el medio de comunicación escrito por excelencia.

Para empezar, la Misión de Observación Electoral, MOE, menciona a dos municipios del Cesar, La Jagua de Ibirico y Becerril, como los que mayores riesgos presentan de trashumancia pues al parecer registran más votantes que población, tema que debe revisarse con lupa. Precisamente, a la situación se le suman las 5.874 cédulas anuladas en La Jagua por el Consejo Nacional Electoral, y las 31.294 anuladas en todo el Cesar, por la misma razón.

Esto es en parte el ‘cómo vamos’ de comportamiento pre-elecciones en el departamento, a través de los observadores nacionales, sin mencionar lo que cada ciudadano y este medio de comunicación ven por las calles desde hace meses. Nos referimos a que las viejas prácticas de estas épocas se niegan a desaparecer. Hay denuncias ante los medios de comunicación sobre constreñimiento al elector, al funcionario público por parte de funcionarios públicos; al contratista por parte de compañeros a los que “se les encomienda” repartir planillas para relacionar nombres de familiares que “le ayuden al candidato” que “los ha ayudado”, entre otras lamentables conductas que se constituyen en delitos.

El Cesar y La Guajira no solo merecen sino que además necesitan cambiar su historia oscura sobre los hechos electorales pues las consecuencias son gravísimas: gobernantes mediocres, negligentes, corruptos y su entorno que por extensión riega por todo el territorio las huellas de la mala práctica política.

La política es la ciencia del servicio al prójimo, y tanto el que ejerce una candidatura como el elector primario tienen deberes que cumplir por el desarrollo y la paz de los pueblos.

Desde ya condenamos el constreñimiento, la suplantación, la trashumancia, la alteración de los resultados electorales, entre otros fenómenos que por estas épocas aparecen y muchas veces son decisivos en la conclusión de la jornada, y más en lugares apartados de los centros urbanos.

Sabemos que desde hace algún tiempo se reúne un ‘comité de seguimiento electoral’ en el que tienen asiento las autoridades civiles y de Fuerza Pública, representantes del Gobierno y entes de control, en el que se tratan todos estos temas tendientes a prevenir y sancionar. Esta es una nueva oportunidad para que dicho comité siente precedentes. Nosotros, por supuesto, observamos desde nuestro quehacer.

Editorial
6 octubre, 2019

La compra de votos y otros delitos electorales – Parte I

Queremos abordar este tema a partir de hoy, a pocos días del 27 de octubre, fecha de las elecciones regionales en todo el país, pues como ustedes sabrán el Cesar no solo no escapa a la ocurrencia de delitos electorales sino que además en ocasiones es protagonista de lamentables noticias al respecto y debemos sumarnos a una campaña de transparencia en nuestro territorio, como el medio de comunicación escrito por excelencia.


Parte I

Queremos abordar este tema a partir de hoy, a pocos días del 27 de octubre, fecha de las elecciones regionales en todo el país, pues como ustedes sabrán el Cesar no solo no escapa a la ocurrencia de delitos electorales sino que además en ocasiones es protagonista de lamentables noticias al respecto y debemos sumarnos a una campaña de transparencia en nuestro territorio, como el medio de comunicación escrito por excelencia.

Para empezar, la Misión de Observación Electoral, MOE, menciona a dos municipios del Cesar, La Jagua de Ibirico y Becerril, como los que mayores riesgos presentan de trashumancia pues al parecer registran más votantes que población, tema que debe revisarse con lupa. Precisamente, a la situación se le suman las 5.874 cédulas anuladas en La Jagua por el Consejo Nacional Electoral, y las 31.294 anuladas en todo el Cesar, por la misma razón.

Esto es en parte el ‘cómo vamos’ de comportamiento pre-elecciones en el departamento, a través de los observadores nacionales, sin mencionar lo que cada ciudadano y este medio de comunicación ven por las calles desde hace meses. Nos referimos a que las viejas prácticas de estas épocas se niegan a desaparecer. Hay denuncias ante los medios de comunicación sobre constreñimiento al elector, al funcionario público por parte de funcionarios públicos; al contratista por parte de compañeros a los que “se les encomienda” repartir planillas para relacionar nombres de familiares que “le ayuden al candidato” que “los ha ayudado”, entre otras lamentables conductas que se constituyen en delitos.

El Cesar y La Guajira no solo merecen sino que además necesitan cambiar su historia oscura sobre los hechos electorales pues las consecuencias son gravísimas: gobernantes mediocres, negligentes, corruptos y su entorno que por extensión riega por todo el territorio las huellas de la mala práctica política.

La política es la ciencia del servicio al prójimo, y tanto el que ejerce una candidatura como el elector primario tienen deberes que cumplir por el desarrollo y la paz de los pueblos.

Desde ya condenamos el constreñimiento, la suplantación, la trashumancia, la alteración de los resultados electorales, entre otros fenómenos que por estas épocas aparecen y muchas veces son decisivos en la conclusión de la jornada, y más en lugares apartados de los centros urbanos.

Sabemos que desde hace algún tiempo se reúne un ‘comité de seguimiento electoral’ en el que tienen asiento las autoridades civiles y de Fuerza Pública, representantes del Gobierno y entes de control, en el que se tratan todos estos temas tendientes a prevenir y sancionar. Esta es una nueva oportunidad para que dicho comité siente precedentes. Nosotros, por supuesto, observamos desde nuestro quehacer.