Por: Dario Arregoces

Colombia se encuentra ad portas de la segunda vuelta electoral, que terminará con la elección del nuevo mandatario y cuyo costo económico, según los entendidos, es muy elevado, por cuanto está basado en el método tradicional que implica un enorme gasto en insumos y que como en los pasados comicios para la elección de congresistas, voto Caribe, consultas partidistas y Parlamento Andino, dieron patética muestra de ineficiencia, torpeza y la lentitud que acusa el actual sistema electoral erigido sobre bases obsoletas.
El término ciberdemocracia es de nuevo cuño, y se usa para designar los procesos democráticos operados a través de la internet. Este novedoso sistema aplicado con éxito en muchos países, se constituye en el nuevo reto de las democracias modernas, que deberán decidir si optan por continuar con los obsoletos y paquidérmicos métodos tradicionales que incluyen, tarjetones, conteo manual, diligenciamiento de formatos por parte de los jurados de mesa, testigos electorales etc. O Por un instrumento informativo de mayor agilidad y confiabilidad, como lo es el voto electrónico.
Dentro de las ventajas de la ciberdemocracia, están las de brindar mayor eficiencia, seguridad, veracidad por cuanto tendría una mayor capacidad computacional que, a su vez, permite un fuerte cifrado y un ágil manejo de base de datos, lo cual es importante para el rápido acceso a la información. El sistema no es infalible, por cuanto puede verse expuesto a operaciones fraudulentas. No obstante superaría con creces los actuales fraudes electorales, que van desde la suplantación del elector, voto de personas fallecidas, trashumancia, cambio del tarjetón oficial por el previamente diligenciado, enmendaduras en el diligenciamiento de los formatos y  pare de contar.
Empero, el mayor obstáculo a que se ve enfrentada la implantación del voto electrónico en nuestro país, se encuentra justamente en el Congreso, pues iniciativas como la aprobación del voto obligatorio, o  la aprobación del voto electrónico, chocan de frente con sus intereses. La otra, es que de llegarse a implantar el voto electrónico en Colombia, la Registraduría del Estado Civil tendría que reducir su presupuesto y por ende aminoraría el poder de contratación con las centrales de cómputos, personal supernumerario, proveedores, capacitaciones y demás rubros burocráticos que encarecen el proceso electoral.
La propuesta está planteada en términos de desafío tecnológico, pues es claro que nuestras elecciones requieren de una operación de alta cirugía. La pregunta del millón es ¿Cuánto tiempo hay que esperar…?

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