El foro sobre seguridad jurídica de la propiedad privada en Colombia realizado ayer en Valledupar mostró una radiografía de lo que se vive en las esferas del poder por la tierra, un tema incluido en los Acuerdos de La Habana que ya se implementa a través del Decreto 902 del 29 de mayo pasado y que espera consolidarse con la presentación y aprobación del proyecto de ley de tierras en el Congreso de la República.

Posiciones encontradas, ánimos conciliadores y positivos, otros caldeados e intransigentes, primaron en el auditorio que reunió a más de 300 personas. Queremos destacar que estos escenarios son importantes para exponer los puntos de vista y dar a conocer observaciones y sugerencias a temas de interés como el de la seguridad jurídica de la propiedad privada.

En este foro quedó claro que siguen divididas las opiniones, que existe desinformación, que falta mesura y respeto para debatir ideas, olvidando que debe primar el consenso en medio del disenso.

Tiene razón el Gobierno Nacional en su propósito de legalizar la tierra, que en todo el país tiene cerca del 70 % sin titular (porcentaje parecido en el Cesar) y también la tienen los defensores de la propiedad que aseguran que existen vacíos jurídicos en algunos apartes de la nueva reglamentación.

Pero más allá de establecer quién tiene la razón, si es bueno o malo lo acordado en La Habana con las Farc, o si el Decreto 902 (acceso y formalización de tierras) está desenfocado y se meterá en terrenos fangosos de la expropiación o extinción, o si la ley de tierra que prepara el Gobierno para presentarla al Congreso es lo peor que puede pasar, se debe mirar el fondo del asunto, que en el caso del Cesar es que existe suficiente tierra para todos y para todo. Hoy el Cesar tiene sin cultivar miles de hectáreas (más de 600 mil) que fácilmente podrían estar produciendo comida, generando empleo y estabilidad a los campesinos.

En Colombia más de 800 mil hogares campesinos, el 53 %, no tienen tierra, ni propia, ni escriturada, arrendada, en posesión o tenencia, y solo el 70 % de las tierras que están poniéndose a producir ocupan únicamente el 5 % de toda el área potencialmente productiva.

Hoy de 10 personas, siete no pueden demostrar que son propietarios de la tierra. El Decreto 902 ofrece un proceso más ágil y una petición que antes podía demorar 15 años, hoy se prevé que demore 18 meses. Vale la pena destacar que no aborda asuntos relacionados con expropiación vía administrativa ni extinción de dominio, como se ha dicho en algunos sectores.

Lo importante en este tema es tratar de preservar la seguridad jurídica, garantizar al campesino el acceso a la tierra y tener seguridad alimentaria. No se deben desenfocar ni mezclar la normatividad con la política. La tierra está por encima de colores de políticos.