Hace un siglo, en la provincia argentina de Mendoza, surgió un movimiento estudiantil pro autonomía universitaria con una cuota de sangre que, desde entonces, en Colombia también se ha visto correr: 1928, 1957 y otros momentos, fueron sangrientos. En la década del 70, como universitario, participé en esas gestas. Pero parece que no todo ha […]
Hace un siglo, en la provincia argentina de Mendoza, surgió un movimiento estudiantil pro autonomía universitaria con una cuota de sangre que, desde entonces, en Colombia también se ha visto correr: 1928, 1957 y otros momentos, fueron sangrientos. En la década del 70, como universitario, participé en esas gestas. Pero parece que no todo ha sido color de rosa.
La Ley 30 de 1992, al fin, nos anunció la tal esperada autonomía pero esta resultó un orangután. La mera composición del Consejo Superior Universitario, en el cual esta descansa, así lo indica, solo tres de ocho o nueve miembros, según se interprete el Artículo 64, literal b de dicha norma, son de origen interno; el resto, dos tercios de su formación, son de origen externo; es ahí donde está el mico. De esa manera, en las universidades del orden nacional, los CSU quedaron cooptados por los gobernadores, excepto en la Universidad Nacional; una mala interpretación del citado inciso ha sido la causa del despelote en las IES nacionales de provincia donde muchos rectores las han convertido en feudos políticos y cuevas de Rolando.
En el caso concreto de la UPC, la designación de sus rectores siempre ha estado, de una u otra forma, en manos del Gobernador. Pero esto solo se puede obviar, demandando ante el Consejo de Estado, la interpretación de la norma citada, por ser esta institución del orden nacional. Mientras tanto, el rector será designado por el CSU. De nada ha servido la participación electoral de los estudiantes en el claustro, esta figura ha sido un rey de burlas; este mecanismo no le da mayor poder decisorio al representante estudiantil en el CSU.
Además, este sistema copió las costumbres perversas del sistema electoral colombiano, con compra de votos incluida, costosa publicidad y poca iniciativa académica en las propuestas. La cosa es tan alarmante que muchos estudiantes y hasta profesores, solo se le miden al candidato del Gobernador, una apuesta ganadora. Creo que este es el problema básico de la UPC; de aquí depende la gestión financiera y la académica; el modelo actual es excluyente, no propicia que a la U lleguen figuras relevantes.
¿Quién arriesga su prestigio en una consulta de este tipo? No nos podemos distraer con sofismas; la pelea se debe dar es en términos de una verdadera autonomía, ajena a la injerencia politiquera, que permita cumplir la misión de la educación superior cual es la producción, divulgación o aplicación del conocimiento.
Comparto las inquietudes de los estudiantes upecistas, pero se debe tirar al blanco; esta universidad me duele.
Hace un siglo, en la provincia argentina de Mendoza, surgió un movimiento estudiantil pro autonomía universitaria con una cuota de sangre que, desde entonces, en Colombia también se ha visto correr: 1928, 1957 y otros momentos, fueron sangrientos. En la década del 70, como universitario, participé en esas gestas. Pero parece que no todo ha […]
Hace un siglo, en la provincia argentina de Mendoza, surgió un movimiento estudiantil pro autonomía universitaria con una cuota de sangre que, desde entonces, en Colombia también se ha visto correr: 1928, 1957 y otros momentos, fueron sangrientos. En la década del 70, como universitario, participé en esas gestas. Pero parece que no todo ha sido color de rosa.
La Ley 30 de 1992, al fin, nos anunció la tal esperada autonomía pero esta resultó un orangután. La mera composición del Consejo Superior Universitario, en el cual esta descansa, así lo indica, solo tres de ocho o nueve miembros, según se interprete el Artículo 64, literal b de dicha norma, son de origen interno; el resto, dos tercios de su formación, son de origen externo; es ahí donde está el mico. De esa manera, en las universidades del orden nacional, los CSU quedaron cooptados por los gobernadores, excepto en la Universidad Nacional; una mala interpretación del citado inciso ha sido la causa del despelote en las IES nacionales de provincia donde muchos rectores las han convertido en feudos políticos y cuevas de Rolando.
En el caso concreto de la UPC, la designación de sus rectores siempre ha estado, de una u otra forma, en manos del Gobernador. Pero esto solo se puede obviar, demandando ante el Consejo de Estado, la interpretación de la norma citada, por ser esta institución del orden nacional. Mientras tanto, el rector será designado por el CSU. De nada ha servido la participación electoral de los estudiantes en el claustro, esta figura ha sido un rey de burlas; este mecanismo no le da mayor poder decisorio al representante estudiantil en el CSU.
Además, este sistema copió las costumbres perversas del sistema electoral colombiano, con compra de votos incluida, costosa publicidad y poca iniciativa académica en las propuestas. La cosa es tan alarmante que muchos estudiantes y hasta profesores, solo se le miden al candidato del Gobernador, una apuesta ganadora. Creo que este es el problema básico de la UPC; de aquí depende la gestión financiera y la académica; el modelo actual es excluyente, no propicia que a la U lleguen figuras relevantes.
¿Quién arriesga su prestigio en una consulta de este tipo? No nos podemos distraer con sofismas; la pelea se debe dar es en términos de una verdadera autonomía, ajena a la injerencia politiquera, que permita cumplir la misión de la educación superior cual es la producción, divulgación o aplicación del conocimiento.
Comparto las inquietudes de los estudiantes upecistas, pero se debe tirar al blanco; esta universidad me duele.