Primero fue el director del observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, que tiró un globo al aire a ver si algún congresista o tecnócrata despistado le copiaba la absurda y disparatada idea de imponer un impuesto más a los ganaderos del país como compensación ambiental.

Curiosamente, a los pocos días una concejal de Bogotá, Andrea Padilla y un representante a la Cámara del Valle del Cauca, Oswaldo Arcos, emprendieron una campaña de desprestigio contra las exportaciones de ganado en pie,  aduciendo maltrato de los bovinos en unos buques que supuestamente salieron de nuestros puertos. Como en Colombia se ha vuelto costumbre no verificar la fuente y la veracidad de la información, varios noticieros y periódicos, irresponsablemente hicieron eco de esta falsa noticia.

Estoy casi seguro que estos pseudoanimalistas no tienen la más mínima idea de cómo se desarrolla el negocio de la ganadería en las inhóspitas zonas ganaderas y el sacrificio en los 690 municipios ruales del país. Los documentos y argumentos mediáticos que sustentan dichas pretensiones son vagos y sin ningún fundamento técnico. Es muy irresponsable opinar de un sector cuando nunca te has levantado a las tres de la madrugada a ordeñar una vaca o ni siquiera sabe cuantos testículos tiene un toro.

El director del observatorio de la Javeriana, cree que el resto de las zonas ganaderas del país son iguales a Ubaté. Solo a él se lo ocurre lanzar la disparatada  propuesta de imponerle un impuesto de $15.000 por cada cabeza de ganado, si eso es lo que cuesta el pastaje de un novillo en quince días. Tampoco entiendo como el gobierno recaudaría ese impuesto si más del 50 % de los 16.3 millones de litros de leche que se producen al día en Colombia, se comercializan de manera informal.

Parece ser que a la concejal de Bogotá y al representante de Cambio Radical, les dio pereza recorrer los municipios de cuarta y quinta categoría para que se dieran cuenta cómo se están sacrificando clandestinamente los bovinos en unos mataderos de mala muerte sin control del Invima, poniendo en riesgo la salud pública.  El proyecto de Ley que radicaron ante el Congreso, para suspender las exportaciones de ganado en pie, carece de sustento social, técnico y económico.  Están buscando el ahogado rio arriba.

La mala leche contra los ganaderos no para ahí. Mientras en plena pandemia se lanzaba una campaña gubernamental convocando a los colombianos a “comprar lo nuestro” para proteger la producción nacional, el empleo y la economía rural, al mismo tiempo varias industrias lácteas de Cundinamarca, importaron más de 48.000 toneladas de leche en polvo y le redujeron hasta en un 5 % el precio final de compra a nuestros ganaderos.

Desde este espacio hago un respetuoso llamado a los ministros de Comercio e Industria y de Agricultura, para que conjuntamente con el Invima, ICA y Superintendencia de Industria y Comercio, agilicen e implementen la regulación comercial y sanitaria de los alimentos y las materias primas. Es inexplicable tanta indiferencia y abandono con un sector tan importante para la economía del país.

Los ganaderos y agricultores, se sienten huérfanos.