Por: Juan Camilo Restrepo

Esta semana se presenta en sociedad la propuesta preparada por un distinguido grupo de expertos que designó el gobierno para diseñar la llamada “regla fiscal”. Se trata de una iniciativa de inmensa importancia.

Acaso sea la medida de mayor fondo que el país pueda adoptar en los meses venideros para despejar-así sea parcialmente- los inquietantes nubarrones revaluacionistas que amenazan el futuro de la economía colombiana y que tan graves riesgos le plantea a los sectores de bienes transables de origen agropecuario  o  manufacturero. Es, por decirlo así, la mejor vacuna que el país puede aplicarse para precaver la llamada “enfermedad holandesa”

La propuesta que entrega el grupo de técnicos deberá ser llevada por el próximo gobierno a consideración de las cámaras, a fin de que se convierta en  Ley de la  República  ojala durante la próxima legislatura.

Dicho de manera muy sencilla, la “regla fiscal” consiste en crear, con la obligatoriedad que impone una ley de alta jerarquía, una “alcancía”  que se  irá nutriendo- durante las épocas de vacas gordas- con ahorros, es decir, con ingresos fiscales que no se pueden gastar sino en época de crisis.   De tal manera que cuando lleguen las “épocas de vacas flacas”, que siempre llegan, exista un  fondo de donde se puedan sacar recursos para incrementar el gasto público con fines anticíclicos. Y durante las épocas  de “vacas gordas” el ahorro que allí se haya construido, contrarreste- al menos en parte- los efectos nocivos de la monetización que  realice el gobierno de empréstitos externos que contrate, o el de las divisas que reciba el país  en el sector minero- energético, donde se  vislumbran muy abundantes inversiones durante los años venideros.

No se trata  de entrar a analizar en esta nota los aspectos técnicos de la propuesta presentada. Simplemente queremos destacar la trascendencia de la iniciativa y la importancia de que ella sea aprobada cuanto antes como una ley vinculante de la política fiscal.

La trascendencia aparece de bulto con sólo echar una ojeada a las perspectivas minero-energéticas. Según el Ministerio de Minas y Energía, Colombia va a recibir cerca de 50.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años, solamente para financiar las tareas de exploración  de petróleo, gas, para la ampliación de la refinería de Cartagena, para los ensanches de generación eléctrica previstos en el plan de expansión, y para los principales proyectos mineros.

Esta suma es incremental a las que normalmente recibimos  por las exportaciones, otras inversiones extranjeras y remesas. Si al menos parte de estos ingresos externos no se compensan con una alcancía como la propuesta con la “regla fiscal”, el problema de la revaluación se  haría mucho más agudo.

Naturalmente, para que la creación de la “alcancía” no se quede en mero papel mojado, es indispensable que el país comience a ahorrar desde el momento mismo en que se apruebe la iniciativa por el Congreso: el gobierno gastando una menor proporción de sus ingresos, y las entidades territoriales ahorrando  parte de las regalías que perciben. Si no hay ahorro público (como lo han hecho Chile y Noruega en circunstancias similares) el objetivo de la propuesta se frustraría.

El  Ministro de Hacienda designado, Doctor Echeverri, ha anunciado en consecuencia que ésta será una de las prioridades de la política económica de la próxima administración. A saber, lograr un cambio en la legislación  para que departamentos y municipios ahorren parte de sus regalías, lo cual no será  fácil políticamente lograrlo, pero resulta indispensable.

En el pronto diseño de la alcancía fiscal, y en empezar a llenarla con determinación, le va la vida al futuro de la economía colombiana.