Un debate esperado y comentado, antes y después, fue el que se realizó en la Asamblea Departamental del Cesar el día de ayer. La Duma es escenario natural de control político, un ejercicio que debe ser ponderado por la ciudadanía porque no sólo se ejerce la democracia, también se procura la trasparencia, buen desempeño de la función pública y que las obras y servicios cumplan el bien común. Esta vez fue la diputada Claudia Margarita Zuleta, única voz de oposición, manifestada luminosamente con la investigación acuciosa del asunto.

El proyecto de la Agricel fue una idea del exgobernador Luis Alberto Monsalvo, como unidades de producción agrícola usando la vocación campesina y las tecnologías modernas de riego y producción. Su idea era el establecimiento de varias Agricel, pero no tuvo la planeación, financiación y la capacidad administrativa, en parte por sus problemas judiciales, para desarrollarlas; concentró sus esfuerzos en la vereda el Toco, municipio de San Diego, el emblemático lugar del pasado de violencia y desplazamiento en el departamento.
Una encomiable apuesta productiva, sin duda; “mi censura, sobre el proyecto, es a la forma de su ejecución no a lo aspiracional”, aseveró la diputada Zuleta.

Sin embargo, la ausencia de conocimiento (know how) para el tipo de emprendimiento, y la tecnología a usar y la ‘imposición desde afuera’ de un modelo deseable para el gobernante pero no fruto del deseo y hábitos tradicionales de los beneficiados dio al traste. Por eso la falla principal inicial fue la inadecuada o nula socialización.

Es evidente que hubo impericia, desidia, pero también agravamiento por condiciones externas como la pandemia y los atrasos de los suministros en el mundo. No obstante la citante manifestó que dolosamente se actuó dado, entre otros, los sobrecostos. Al final, de 400 hectáreas por beneficiar se terminaría -el 29 de abril, como prometió el secretario de Agricultura José Francisco Sequeda, activo en la defensa- regando menos de 200 con dos ‘pivotes’, los únicos aceptados por la comunidad, de 4 ya adquiridos del proyecto, con una inversión final de $8.500 millones.

Qué no hablar de los niveles de complejidad y conflictividad social. De los problemas de la asociación campesina y la no identificación de propósitos comunes, en un ambiente en que todos ‘jalan pa su propio beneficio’. Hecho que se agrava porque el cubrimiento del radio del ‘pivote central’ -equipo de riego circular- no cubre igual a todos los asociados. Unos sí otros no, unos con más hectáreas beneficiadas que otros.

De ponerse en funcionamiento a fines de abril los dos gemelos sistemas de riego, viene la sostenibilidad, la productividad y la comercialización. No puede superarse un traspié con otro mayor.

Esto, de cara a los procesos de reforma agraria, es un buen ejemplo -para tener en cuenta en el alto gobierno, el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, ADR- de cómo las buenas apuestas productivas y el uso de tecnologías de punta pueden fracasar. Si en el sector privado muchos proyectos fracasan, arriesgándose recursos propios y familiares, muchos más tienen la probabilidad de fracasar cuando es el Estado el que quiere llevarlos a cabo. El estado empresario no es el mejor administrador, aunque haya algunos excepciones, pocas por cierto.