Enhorabuena la Superintendencia de Servicios Públicos, de la mano del diario El Heraldo, convocó un Foro para deliberar y debatir en torno al futuro del suministro del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. El mismo despertó una gran expectativa porque los desesperados usuarios de Electricaribe no ven la hora de sobreponerse de la pesadilla en que se ha convertido para ellos la pésima calidad de la prestación de dicho servicio.

Como es bien sabido la Superintendencia se vio precisada a intervenir a Electricaribe el 15 de noviembre pasado, para evitar que la región Caribe se apagara y de paso conjurar el peligro de un efecto dominó que podía conducir a una falla sistémica, de materializarse su inminente cesación de pagos a sus proveedores.

El Superintendente José Miguel Mendoza, ni corto ni perezoso, procedió a anunciar el 14 de marzo de este año que la intervención seguiría adelante, pero esta vez con fines de liquidación. A estas alturas, como tuve oportunidad de plantearlo en el Foro, el proceso de liquidación debe proseguir, pues hemos llegado a un punto de no retorno; por ello, es de la mayor conveniencia que, por parte de la Superintendencia, se revele cuanto antes la hoja de ruta que va a seguir con la finalidad de proceder más pronto que tarde al cambio de operador. Abrigamos el temor y la impaciencia de que la liquidación se prolongue en el tiempo, como ha sucedido en el pasado con tantos otros procesos de liquidación, lo cual, como en la célebre obra teatral, prolongaría la agonía del difunto y es lo que no queremos. De allí la importancia de fijar una fecha límite para su cristiana sepultura.

Se discutió en el Foro la conveniencia de tener hacia el futuro uno o más operadores de red en reemplazo de Electricaribe, pero esta deberá ser una decisión que se tome no sin antes analizar y evaluar los aspectos técnicos, operativos y funcionales por parte de los expertos. En todo caso de lo que se trata es de que se pueda prestar el servicio de energía eléctrica con eficiencia, calidad, continuidad y equidad, como lo manda la Ley 143 de 1994. Para ello se tienen que considerar empresas con la suficiente idoneidad, experiencia, capacidad de gestión administrativa, operativa y, sobre todo, con el músculo financiero requerido para invertir en la ejecución de los proyectos contemplados en el Pla5Caribe, condición sine qua non para que el servicio mejore. Para este año se requieren inversiones, que son inaplazables, del orden de los $264.477 millones (¡!).

No ha faltado quien, con alguna ligereza, ha dado en la flor de afirmar que lo que ha fallado es el Modelo del sector eléctrico, endilgándole a este la responsabilidad de la debacle y de paso dándole argumentos a GNF en su querella contra el Estado colombiana ahora que ya está abocado a comparecer ante el Tribunal al que apeló la empresa española. El Modelo comporta los aspectos que tienen que ver con la gestión, la operación y lo atinente a la regulación.

Hemos planteado la necesidad de que por parte de la CREG se implemente un esquema regulatorio diferencial que consulte la realidad regional, particularmente la tipología y topología de la red, así como sus características sui generis, así como las del mercado al cual se sirve. Vemos, también, la necesidad de que la CREG revise la metodología de costo medio histórico para calcular el cargo por distribución en la tarifa, por la distorsión que causa y lo perverso de la señal que manda. En su lugar debe implementarse una metodología de costo medio de mediano plazo, la cual estimule al operador de red a ejecutar sus inversiones en lugar de aplazarlas, que es lo que ha venido ocurriendo. Propuse, además, que cuando el operador de red se muestre renuente a ejecutar los proyectos que se financian con los recursos de los fondos FAER, PRONE y FAZNI que maneja el Ministerio de Minas y Energía, los pueda asumir la UPME y los asigne a través de sus convocatorias, abreviadas en el caso del Caribe para recuperar el tiempo perdido.

A propósito de los fondos, registramos con mucha preocupación el déficit que acusa el Fondo de Solidaridad, que supera los $1.4 billones, de los cuales el 42% corresponde a Electricaribe. La preocupación es mayor dado que el balance operativo de esta empresa no cierra si no cuenta a tiempo con dichos recursos. De manera que el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República deben apercibirse de ello tramitando con carácter urgente la adición presupuestal para su cubrimiento.

Por Amylkar D. Acosta M1