Cuando Alfonso Araújo Cotes manifestó: “Quiero ver la vía a Pueblo Bello terminada antes de morirme”, se estaba expresando desde su condición de veedor ciudadano frente al entonces proyecto de la rehabilitación y/o pavimentación de la vía el Zanjón – Pueblo Bello, que se buscaba materializar a través de la ejecución de un contrato de obra celebrado en el año 2013, cuyos recursos tenían origen en un convenio suscrito por el INVIAS con la Gobernación del Cesar.  Ante la notoria lentitud en la ejecución de las obras del mencionado contrato, fue necesario que en el año 2014 se constituyera una veeduría ciudadana con la presencia de distintos veedores, personas con un interés común que era la terminación de la obra.

La radiografía de ese contrato muestra que tuvo un valor inicial de $39.913.623.124, y entre otros adicionales uno por valor de $1.590.083.928, además muestra que se entregó un anticipo de $15.916.449.249, recursos públicos que se encontraban en riesgo y frente a los cuales los veedores ciudadanos venían señalando desde el 2014 demoras en la ejecución, lo cual fue reiterado con contundencia en febrero de 2015, es decir, que se observaba lentitud en la ejecución de las obras, sumada a una serie de inquietudes en torno al manejo contractual.

Cabe recordar la presencia del  excontralor Edgardo Maya Villazón, que en especial para los años 2014, 2015 y 2016, desde lo técnico y de manera conjunta con la ciudadanía, insistió continuamente en evitar que la obra quedara inconclusa.   

En julio de 2015 por petición de la mencionada veeduría y del Comité Popular Cívico de Pueblo Bello, y dada la lentitud de las obras, se convocó una audiencia pública informativa en la cual se establecieron instancias de seguimiento al proyecto, para lo cual se programaron mesas de trabajo. Para estos seguimientos se establecieron hitos de avance físico de obra, los que serían verificados antes del desarrollo de cada mesa de trabajo en las que se debían constatar los compromisos mes a mes que asumía el contratista.

En noviembre de 2015, todavía se observaba pocos avances en las actividades de obra, mostrando el mayor atraso en las actividades de protección de la calzada (filtros, cunetas y muros de contención); en marzo de 2016 se evidenciaba que las obras estaban paralizadas poniendo en riesgo la comunicación de la comunidad de Pueblo Bello.

En junio del 2016, el director Nacional del Invías destacó que la Contraloría General de la República hizo presencia en nueve mesas de trabajo, que permitieron observar el incumplimiento reiterativo del contratista, y también exaltó el trabajo de las veedurías ciudadanas frente a la exigencia de terminar la vía.

Que mal que un contrato de prorroga en prorroga dure más de tres años en ejecución, cuando supuestamente debía entregarse en 20 meses.

Podríamos quedarnos en esta columna evidenciando punto por punto las observaciones que en su momento se hicieron a la ejecución de la contratación de la rehabilitación y/o pavimentación de la vía el Zanjón – Pueblo Bello, pero lo verdaderamente importante está en destacar que gracias a la insistencia y el carácter de quienes fungían como veedores ciudadanos se culminó la obra, la cual hoy presta una utilidad pública. Es decir en un alto porcentaje tenemos vía gracias a quienes ejercían el rol de veeduría.

Uno debe resaltar lo bueno para no volver a repetir lo malo, los ejemplos de años recientes nos permiten recordar que las entidades territoriales del orden departamental y municipal muchas veces se quedan cortas, pero en particular recordar que en varias ocasiones  los representantes legales de las entidades territoriales en condición de contratantes muestran debilidades en la supervisión del respectivo contrato o incapacidad para exigir al interventor del contrato, frente a lo cual nada mejor que el papel de los veedores ciudadanos y con ejemplos de carne y hueso como el de  la vía el Zanjón – Pueblo Bello, donde se evidencia de la mejor manera posible el rol de un veedor ciudadano y su capacidad de lograr la culminación de una obra.