Parece paradójico, pero el Gobierno está en la obligación de diseñar un sistema efectivo que le permita garantizar la seguridad jurídica y personal de los guerrilleros desmovilizados para alejar así el temor de que van a ser asesinados en el proceso del posconflicto, como ya sucedió en el pasado reciente con la Unión Patriótica. Se […]
Parece paradójico, pero el Gobierno está en la obligación de diseñar un sistema efectivo que le permita garantizar la seguridad jurídica y personal de los guerrilleros desmovilizados para alejar así el temor de que van a ser asesinados en el proceso del posconflicto, como ya sucedió en el pasado reciente con la Unión Patriótica. Se tiene que avanzar en la dirección correcta con hechos concretos para evitar al máximo llegar a un punto que tengamos que retroceder para acabar el proceso.
Es necesario entender que las amnistías están prohibidas por el derecho internacional y el nacional. Es un imperativo que se debe aplicar a la guerrilla alguna clase de justicia transicional, que implique un tipo de pena con un margen amplio de negociación, en la búsqueda de una paz estable y duradera con seguridad jurídica. Es una verdad gigante que las Farc pueden hacer política, pero sin armas. Si no las entregan este proyecto es inaceptable y sin sentido.
Hoy, hemos avanzado más que nunca y este costo es mínimo frente a los inmensos dividendos que representa vivir en paz, para administrar bien los miedos y volver a tener esperanzas ciertas centradas en el respeto a las víctimas con derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En esta patria boba en que vivimos acercarse al fin de esta guerra inútil puede significar apagar el fuego de los fusiles y de los bombardeos, ir guardando las balas para bajar la intensidad del conflicto, atemperar los ánimos, menos muertos y menos sufrimientos con ríos de sangre secos por los veranos largos, sin alimentadores rurales y con campesinos alegres y sonrientes.
Tenemos que avanzar y avanzar más en la mesa de negociaciones, en combatir la inequidad, en sacar más gente de la pobreza, generar más empleo, mejorar la seguridad ciudadana, en no degradar el medio ambiente, en mejorar la competitividad del país, a pesar de las tormentas que se ven en todas partes del mundo, y en tranquilizar los ideales para trabajar unidos, sin dogmas ni orgullos, en la construcción de una Colombia próspera y moderna.
Se requiere el esfuerzo de todos para la finalización del conflicto y la consecución de la paz porque hay una real oportunidad de terminar este proceso, que no es irreversible, pero tiene incentivos democráticos para las Farc en sus intenciones de alcanzar un espacio político. El objetivo central es acelerar en La Habana y desescalar en Colombia. Se necesita un estado de apertura mental donde la reconstrucción desde las regiones es una de las tareas venideras. ¡Pasar la página, empezar de cero y serenar los espíritus, debe ser una consigna nacional!
Parece paradójico, pero el Gobierno está en la obligación de diseñar un sistema efectivo que le permita garantizar la seguridad jurídica y personal de los guerrilleros desmovilizados para alejar así el temor de que van a ser asesinados en el proceso del posconflicto, como ya sucedió en el pasado reciente con la Unión Patriótica. Se […]
Parece paradójico, pero el Gobierno está en la obligación de diseñar un sistema efectivo que le permita garantizar la seguridad jurídica y personal de los guerrilleros desmovilizados para alejar así el temor de que van a ser asesinados en el proceso del posconflicto, como ya sucedió en el pasado reciente con la Unión Patriótica. Se tiene que avanzar en la dirección correcta con hechos concretos para evitar al máximo llegar a un punto que tengamos que retroceder para acabar el proceso.
Es necesario entender que las amnistías están prohibidas por el derecho internacional y el nacional. Es un imperativo que se debe aplicar a la guerrilla alguna clase de justicia transicional, que implique un tipo de pena con un margen amplio de negociación, en la búsqueda de una paz estable y duradera con seguridad jurídica. Es una verdad gigante que las Farc pueden hacer política, pero sin armas. Si no las entregan este proyecto es inaceptable y sin sentido.
Hoy, hemos avanzado más que nunca y este costo es mínimo frente a los inmensos dividendos que representa vivir en paz, para administrar bien los miedos y volver a tener esperanzas ciertas centradas en el respeto a las víctimas con derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En esta patria boba en que vivimos acercarse al fin de esta guerra inútil puede significar apagar el fuego de los fusiles y de los bombardeos, ir guardando las balas para bajar la intensidad del conflicto, atemperar los ánimos, menos muertos y menos sufrimientos con ríos de sangre secos por los veranos largos, sin alimentadores rurales y con campesinos alegres y sonrientes.
Tenemos que avanzar y avanzar más en la mesa de negociaciones, en combatir la inequidad, en sacar más gente de la pobreza, generar más empleo, mejorar la seguridad ciudadana, en no degradar el medio ambiente, en mejorar la competitividad del país, a pesar de las tormentas que se ven en todas partes del mundo, y en tranquilizar los ideales para trabajar unidos, sin dogmas ni orgullos, en la construcción de una Colombia próspera y moderna.
Se requiere el esfuerzo de todos para la finalización del conflicto y la consecución de la paz porque hay una real oportunidad de terminar este proceso, que no es irreversible, pero tiene incentivos democráticos para las Farc en sus intenciones de alcanzar un espacio político. El objetivo central es acelerar en La Habana y desescalar en Colombia. Se necesita un estado de apertura mental donde la reconstrucción desde las regiones es una de las tareas venideras. ¡Pasar la página, empezar de cero y serenar los espíritus, debe ser una consigna nacional!