Por: Amylkar D. Acosta M1

A la justicia le gusta que la toquen, que la reformen, que la mejoren… pero nunca que la ultrajen

La justicia está paralizada y los jueces en las calles, demandando del Gobierno central el cumplimiento de una Ley de la República. Se trata de la Ley 4 de 1992, que estableció una nivelación salarial a jueces y empleados de la rama judicial y transcurridos 20 largos años no se ha hecho efectiva. El costo de esta nivelación es de $780.000 millones aproximadamente, cifra esta que puede superar el billón de pesos si se extiende dicha nivelación a cerca de 20.000 fiscales y auxiliares que están también cobijados por dicho beneficio. El Gobierno ofrece darle cumplimiento a dicha Ley pero de manera gradual y progresiva, para lo cual se tomaría quince años (¡!). Esta oferta del Gobierno, obviamente, ha sido rechazada tajantemente por parte de ASONAL Judicial por considerarla inaceptable e irrespetuosa con la rama, tanto más en cuanto que en el Presupuesto General de la Nación que se acaba de aprobar para la vigencia 2013, según el Presidente Santos “el mayor que jamás haya tenido la Nación”, sólo apropiaron para tal efecto la ridiculez de $130.000 millones.
La razón fundamental que aduce el Gobierno para no darle cumplimiento inmediato o en un plazo más razonable es de índole fiscal. Como afirma la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, este “es un tema de gran impacto fiscal” y, añade, “el Gobierno tiene que cumplir prioridades” y, al parecer esta no lo es. Ya lo habíamos advertido cuando se tramitó el Acto legislativo de la Sostenibilidad Fiscal y la Ley que adoptó la Regla fiscal, que con su aplicación, al supeditar el goce efectivo de los derechos a la disponibilidad de los recursos se estaba tirando por la borda el Estado Social de Derecho, quintaesencia de la Constitución del 91. En su momento el Presidente Santos afirmó sin pestañear que la Sostenibilidad Fiscal tenía “un sentido bien definido: no limitar derechos sino hacerlos más eficaces y equitativos”. Pero, del dicho al hecho hay mucho trecho; como lo vaticinó premonitoriamente el ex constituyente Gustavo Zafra, “así como en el pasado llamamos ´Convivir´ a la máquina de la muerte de los derechos civiles, ahora aparecen el ´Principio de Sostenibilidad´ y ´La Regla Fiscal´ como la máquina de la muerte de los derechos económicos y sociales”.
Ahora le ha tocado a la Ministra de Justicia plantarle cara a la misma rama de donde viene y a la que se debe para decirles que “lo único que ha hecho este Gobierno es hacerles un reconocimiento dentro de la sostenibilidad fiscal”. Según ella, el Gobierno quiere cumplir con la nivelación “pero la disposición tiene que estar atada a un estudio macroeconómico” (SIC!). Pero, Señora Ministra, como dice el adagio popular, obras son amores y no buenas razones; además de que no es una buena razón invocar la sostenibilidad fiscal para seguir conculcándole el derecho que les asiste a 48 mil servidores públicos, entre funcionarios y empleados, que sólo exigen que el Gobierno cumpla la Ley a la que está obligado, nada más, pero tampoco nada menos!
Llama poderosamente la atención que se esgrima la sacrosanta Sostenibilidad Fiscal para no cumplir con algo tan elemental como es hacerle justicia a la justicia, pero se la deje de lado al momento de proponerle al Congreso de la República en el proyecto de reforma tributaria que este tramita rebajarles los impuestos y las mal llamadas “cargas¨ parafiscales a las empresas. Entre uno y otro beneficio las empresas dejarán de pagar casi $10.3 billones; pues bien, con sólo el 10% de esta suma el Gobierno podría satisfacer el justo reclamo de quienes administran justicia. Dicho sea de paso, ahora entiende el país por qué los que supuestamente iban a chillar con la reforma tributaria salieron muy eufóricos a respaldarla a través del Presidente de la ANDI Luis Carlos Villegas, como su vocero.
Es más, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2012, el monto que dejará de recaudar la Nación por cuenta de las gabelas impositivas otorgadas dadivosamente a esas mismas empresas es del orden de los $6 billones, seis veces lo que cuesta redimir la deuda insoluta que tiene con la rama judicial. El problema, entonces, no es de plata. Es bien sabido que los recursos aquí, allá o acullá son limitados y que, como lo sostiene el jurista Gustavo Gallón “nunca hay suficiente dinero para satisfacer todas las necesidades de una sociedad. Esa es una regla universal. El dilema, entonces, es a qué gasto se le da prelación. Este es el quid del asunto, tan generosos cuando se trata del capital y tan cicateros cuando se trata del trabajo. La renuencia del Gobierno a cumplir con el mandato legal de nivelarles su asignación a jueces y fiscales habla muy mal del talante liberal del cual se ufana el Presidente Santos y deja mucho qué desear. Este conflicto servirá de piedra de toque para definir el talante de la administración Santos, el país entero está expectante del desenlace del mismo. Nada menos!

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