Hace 49 años se celebra en Colombia el día del campesino según el decreto 135 del 2 de febrero de 1965, en el gobierno de Guillermo León Valencia, el cual estableció el primer domingo de junio como Día del Campesino, por petición de Augusto Franco, encargado de Asuntos Campesinos de la Caja Agraria.

El objetivo de este día o mes, es rendir homenaje al campesino colombiano por su trabajo abnegado para plantar semillas, cuidar plantas y animales y cosechar frutos, para alimentarse y llevar a los mercados para satisfacer necesidades alimentarias de la otra Colombia.

Según cifras reveladas por el Dane, a finales de 2012 el 46,8% de los colombianos que habitaban en el campo se encontraba en condición de pobreza, cifra que evidencia la dura situación de quienes con su trabajo se encargan de la seguridad alimentaria de todos los colombianos.

El censo hecho por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reflejó en 2005 que la población que habitaba en el campo colombiano llegaba a los 10 millones 999 mil 281 personas, de las cuales el 48% eran trabajadores agropecuarios por cuenta propia, 17,3% jornaleros, 14,6% empleados particulares, 9,7% empleado de algún familiar sin pago, 4,2% son patronos, el 3% son empleados domésticos y el 2,6% eran empleados del Estado.

Los números reflejan la pobreza en la que vive el campesino colombiano, que celebra su día en el mes de junio, sin que su situación en el país haya cambiado y que antes por el contrario pareciera imponerle una cantidad cada vez mayor de retos y obstáculos a superar, situaciones que han derivado en que su pobreza sea cada vez mayor, que muchos hayan optado por migrar a las ciudades y que algunos otros vivan en condiciones cada vez más insostenibles.

Paro agrario

Hace ocho días campesinos e indígenas iniciaron una protesta nacional por el incumplimiento del gobierno colombiano debido a que consideran que no responden a la voluntad de los habitantes de las zonas rurales de conseguir “la paz con justicia social y ambiental”. Los organizadores argumentan además que el Gobierno no les ha cumplido lo acordado en huelgas anteriores, como la del 2013, que paralizó las carreteras en buena parte del país.

El Ministerio del Interior lamentó esa decisión de la Cumbre Agraria, con quienes “se ha trabajado un promedio de 1.100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales”, según indicó en un comunicado.

En este sentido, afirmó que el Gobierno “no ha ahorrado esfuerzos” para cumplir los compromisos suscritos en el 2013.

Los sectores campesinos han manifestado sus reivindicaciones en dos huelgas, una en agosto y septiembre del 2013 y otra en abril y mayo del 2014.

Tras esos paros llegaron a un acuerdo con el Gobierno para la celebración de reuniones frecuentes entre representantes del Estado y diferentes mesas regionales. Desde entonces, los representantes campesinos han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno no ha concretado en las reuniones respuestas a sus reivindicaciones.

Entre los temas que se negocian y han generado desacuerdos figuran aspectos como la sustitución de miles de hectáreas de cultivos de coca.

Sin embargo, el Gobierno afirmó que como muestra de la voluntad de diálogos se instaló la Mesa Nacional que hasta el momento ha realizado 18 reuniones plenarias. Además se han instalado cinco mesas regionales en Arauca, Antioquia, el Catatumbo, Cauca y el sur de Bolívar, en las que también ha habido reuniones frecuentes.

Así mismo, destacó que como consecuencia de los acuerdos logrados en esos espacios de negociación “se han comprometido más de 250.000 millones de pesos” para el sector campesino.

El Ministerio del Interior agregó que durante este año se ha desarrollado “seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social”.

Por su parte, la Cumbre Agraria considera que la movilización, denominada “Sembrando esperanza, cosechando país”, es necesaria porque “las políticas del Gobierno ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la pervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano”.

Entre esas políticas destacan los Tratados de Libre Comercio, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código de la Policía, entre otros.

EFE