Uno de los activos históricos más importantes que tiene el país es su gran estabilidad política, una democracia legítima y que opera, a pesar de un conflicto interno que lleva ya más de cincuenta años.

Y así lo reconocen la comunidad internacional, los países vecinos y los empresarios y potenciales inversionistas que ven a Colombia como un país seguro para las personas y para sus inversiones. Esa percepción, hay que reconocerlo, mejoró mucho durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por su política de seguridad democrática y también por las garantías que les dio a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.

De allí que resulte verdaderamente lamentable, como lo hemos afirmado y reiterado varias veces desde estas páginas, los enfrentamientos verbales entre el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y el actual Presidente, Juan Manuel Santos Calderón.

Nuevamente debemos reafirmar que al ilustre expresidente le asiste el derecho a manifestar sus opiniones sobre el gobierno actual y la marcha del país, en sus distintos aspectos, pero lo menos que se espera de él es que lo haga con altura, con argumentos, con elegancia y – principalmente- con respeto a las instituciones. En este tema debe dar ejemplo.

Y una cosa es ese derecho, que le asiste a cualquier ciudadano, pero desde el punto de vista político no tiene ninguna presentación, que el Jefe de la Oposición al gobierno actual sea el expresidente Uribe, del mismo Partido de la U, que eligió a Santos; y no la directora del Polo Democrático, Claro López Obregón, o el Movimiento Progresistas, que lideró Gustavo Petro, actual Alcalde de Bogotá, cuando fue contrincante de Santos a la Presidencia de la República. Pero, así es Colombia…

Pero más grave todavía, es que el enfrentamiento entre Uribe y Santos ya esté afectando a las instituciones del país, como a las Fuerzas Militares, y a los militares retirados, afiliados a la Asociación que los agrupa, Acore, cuando hablan en correos electrónicos de la necesidad que “Coroneles y Generales le exijan al Presidente Santos “cumplir sus compromisos y obligaciones o de lo contrario removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar a elecciones en un tiempo no mayor a seis meses”.

Ese tipo de comunicaciones entre militares retirados genera mucha suspicacia, rumores, intrigas y consejas, que afectan de manera grave la institucionalidad del país. No tiene ninguna justificación, ni presentación, que se hable, así sea a ese nivel, de cambiar a un gobierno que fue elegido de manera democrática, legítima y mayoritaria por todos los colombianos.

Ante la situación planteada, a todas luces absurda y descabellada, le ha faltado una respuesta contundente por parte de los militares activos, los comandantes de las Fuerzas Militares, que tienen la sagrada tarea de defender la soberanía nacional y la legitimidad del Estado de Derecho, incluyendo esto el respeto y la obediencia a su máximo Jefe, el Jefe del Estado y de Gobierno, Juan Manuel Santos Calderón.

Colombia es un país democrático, con un gobierno legítimamente constituido y le hacen mucho mal a la estabilidad institucional, los militares retirados cuando hablan de cambios de gobierno y de violentar el Estado de Derecho que nos rige. Señores militares retirados, existen otras formas de defender sus derechos y de pedir una mejora de los mismos, pero no juguemos con candela atentando contra uno de los activos más preciados, reiteramos, que tiene el país como es su democracia, imperfecta y con problemas, pero legítima y estable. No juguemos con candela.