El candidato al Senado Andrés Vázquez Vargas, del Partido Conservador Colombiano, apareció este viernes por sus propios medios en el municipio de Pelaya, luego de que durante más de 24 horas se mantuviera activa una alerta por su presunta desaparición, hecho que llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información sobre su paradero.
La información fue confirmada por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, quien explicó que el aspirante llegó caminando hasta su vivienda y aseguró a un familiar que nunca salió del municipio, aunque sostuvo que estuvo retenido “ahí mismo en Pelaya”, sin precisar quiénes lo habrían tenido ni en qué circunstancias.
Según el funcionario, en ningún momento hubo evidencia de que Vázquez estuviera en poder de un grupo armado ilegal, ni se recibió comunicación alguna que indicara un secuestro. “No hubo candidatos secuestrados en el departamento del Cesar”, reiteró Esquivel, al tiempo que aclaró que el hecho generó confusión por las versiones iniciales entregadas por el propio candidato.
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La desaparición, reportada en la madrugada del miércoles, motivó un amplio despliegue institucional que incluyó a la Policía Nacional, el Ejército, el GAULA y la Fiscalía General de la Nación, además de la realización de dos consejos de seguridad y la activación de operativos en el sur del Cesar, especialmente en Pelaya y municipios cercanos.
De acuerdo con Esquivel, Vázquez manifestó que lo ocurrido no estaría relacionado con su aspiración política, sino con un asunto personal vinculado a Sayco, tema sobre el cual habría sostenido reuniones privadas. No obstante, el candidato evitó entregar detalles claros sobre dónde estuvo durante el tiempo en que se reportó su desaparición.
Tras su reaparición, Vázquez se desplazó hacia Aguachica y en la madrugada retomó su viaje por carretera hacia Bucaramanga, con acompañamiento y seguimiento del GAULA, para continuar con su agenda política.
Pese a que el caso fue descartado como secuestro, la Fiscalía designó un fiscal especializado para esclarecer plenamente lo ocurrido, teniendo en cuenta que se activaron recursos humanos, operativos y una recompensa oficial, y para establecer si hubo responsabilidades penales derivadas de la falsa alarma.
Las autoridades insistieron en el llamado a la responsabilidad frente a este tipo de situaciones, al advertir que la difusión de información no confirmada afecta la percepción de seguridad del departamento y desvía la capacidad operativa del Estado.
