Antonio Mejía Cantillo, de 60 años, era una figura conocida en el sur del departamento del Cesar, especialmente en el municipio de Curumaní, donde durante varios años hizo parte activa de procesos comunitarios y tuvo participación en el escenario político local.
En su momento, Mejía Cantillo se desempeñó como presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Henry Rincón, rol desde el cual lideró actividades barriales y tuvo cercanía con la comunidad. Su interés por lo público lo llevó incluso a aspirar a la Asamblea del Cesar, buscando consolidar un espacio dentro de la política regional.
No obstante, su trayectoria tomó un rumbo controversial debido a sus antecedentes judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de prisión por los delitos de acto sexual violento e inasistencia familiar, situación que marcó un punto de quiebre en su imagen ante la comunidad.
