En medio de la audiencia de legalización de captura contra el abogado Juan David López y otros dos implicados, señalados de presunta extorsión a mandatarios del Cesar, se presentó un fuerte debate jurídico entre la defensa, la Fiscalía y el Ministerio Público sobre la legalidad del procedimiento.
Durante la diligencia, la defensa solicitó que se declarara ilegal la captura, argumentando que no existían los elementos necesarios para configurarla como flagrancia. Según el abogado, sus representados no fueron sorprendidos cometiendo ningún delito ni portaban dinero al momento de su detención, por lo que, a su juicio, no habría una conducta clara, individualizada e inmediata que justificara la aprehensión.
Asimismo, cuestionó que el operativo se basara en seguimientos y contextos, pero no en una percepción directa de los hechos por parte de las autoridades. También puso en duda la configuración del delito de extorsión, señalando que no se evidenció un constreñimiento real ni amenazas que obligaran a la supuesta víctima a entregar dinero.
Por su parte, el Ministerio Público respaldó la posición de la Fiscalía, asegurando que la captura sí se ajusta a los parámetros legales de la flagrancia establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Indicó que los hechos fueron monitoreados en tiempo real por los investigadores y que no se perdió de vista ni a los implicados ni al dinero durante el operativo.
En ese sentido, explicó que no era necesario, en esta etapa, demostrar plenamente la responsabilidad de los capturados, sino acreditar motivos razonablemente fundados que permitieran sustentar la legalidad del procedimiento.
La Fiscalía, a su turno, sostuvo que la actuación se dio en el marco de un operativo previamente coordinado tras una denuncia, lo que permitió identificar el momento en que se materializaba la presunta exigencia económica y proceder con la captura.
Tras escuchar a las partes, el despacho judicial concluyó que sí se configuraban los elementos de actualidad e identificación requeridos para la flagrancia, por lo que decidió avalar la legalidad de la captura.
No obstante, durante la audiencia también se discutió la incautación de los elementos materiales probatorios. Mientras no hubo reparos frente a los teléfonos móviles, el Ministerio Público advirtió inconsistencias respecto al dinero, al señalar que este ya habría sido devuelto a la presunta víctima.
El proceso continuará con las siguientes audiencias, en las que se definirá la imputación de cargos y la eventual imposición de medida de aseguramiento contra los implicados.
