La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó que a través de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad mantiene las medidas cautelares en las 16 zonas intervenidas en el país, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, de las cuales dos son municipios del departamento del Cesar. 

Se trata del Cementerio San Martín, denominado también ‘De los Pobres’ en Aguachica, y el cementerio alterno de El Copey. En el primero mediante el Decreto del 21 de abril de 2020 ordenó la protección del terreno para evitar la pérdida parcial o total de cuerpos de personas no identificadas. Por ello ordenó la suspensión de actividades de exhumación y traslado de cuerpos existentes en ese cementerio. 

Esta última medida fue aplicada igual en El Copey desde el 31 de julio de 2020 en el cementerio alterno, el cual iba ser utilizado para sepultar a las personas fallecidas por coronavirus. 

Precisamente en torno a este municipio se había generado una polémica por la exposición de unos restos en el terreno cuando la administración municipal intentó adecuar el terreno para los decesos por covid-19. 

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Por un lado, la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, denunció la vulnerabilidad en la que estaban las estructuras óseas a raíz del procedimiento de la Alcaldía y esta por su parte alegó necesitar con urgencia el terreno. 

No obstante, la última palabra la tuvo la JEP que decidió que no se podía manipular el área. 

Las otras zonas intervenidas son Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío, pertenecientes a Antioquia; La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia, de Caldas; Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra, de Santander; y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre, de Sucre. 

Desde el 2 de mayo de 2019 la jurisdicción trabaja de la mano con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.  

“Las medidas cautelares a cementerios y otras zonas son decretadas por la JEP para garantizar la protección, el cuidado y la preservación de cuerpos sin identificar que podrían estar relacionados con los de víctimas del conflicto armado y que esperan ser entregados dignamente a sus familiares”, dijo la jurisdicción. 

En el proceso han recibido 23 informes sobre desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado, por lo que en los casos territoriales ya se investigan más de 100 hechos relacionados con este fenómeno. 

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VISITARON AL PUEBLO KANKUAMO

Este fin de semana el magistrado de la JEP, Oscar Parra, visitó al pueblo kankuamo para notificarle a la población sobre el reconocimiento de algunos casos de su comunidad frente a las diligencias que adelantan por ‘falsos positivos’. 

En el evento el profesional del Derecho estuvo acompañado del secretario general del pueblo kankuamo, Iván Lúquez Mindiola, y las víctimas de los familiares afectados por las ejecuciones extrajudiciales.