Por: Luis Rafael Nieto Pardo

Si mal no recuerdo mis clases de latín en la Universidad de Cartagena, resulta posible que falle en la escritura, pero de lo que sí estoy seguro es que, palabras más, palabras menos, ello traduce en lenguaje castizo y accesible a todo público: “La envidia prima en el comprador y la codicia en el vendedor”.

Tratando de realizar con mayor claridad el ejercicio de escudriñar y analizar el mensaje que nos querían trasmitir aquellos eruditos, sería algo así como que: “el que compra trata de adquirir algo que otro tiene y quiere obtener su tenencia porque le causa envidia que otro tenga lo que él cree debiera tener”.

En contraposición a eso, quien es dueño de lo que el otro quiere y ese está dispuesto a pagar por ello, tratará de obtener el mejor precio y defenderá a capa y espada su postura; sobre todo, cuando para adquirirlo, le ha costado esfuerzos, trabajo y estudio.

Se preguntarán a qué obedece el título que encabeza la columna y les informo, me motiva la alharaca y airada protesta que en los últimos días ha escenificado un abogado que hace parte del grupo de colegas de Barranquilla; y que, tal como aquí y en todas las ciudades del país, acuden a las Unidades de Reacción Inmediata, URI, y a sus alrededores, en procura de oportunidad para prestar sus servicios profesionales a los capturados por las autoridades antes de ser conducidos ante fiscal a presencia de los jueces de garantías para que se defina su situación jurídica en desarrollo de una audiencia preliminar, a la que ya coloquialmente se le denomina ‘triple combo’, la cual debe tener lugar dentro del término perentorio de 36 horas contadas a partir de la hora en que se produjo la captura.
Triple porque allí se va a decidir a través de un debate oral (Ley 906 de 2004-Nuevo Sistema Penal Acusatorio), la suerte de esa persona que ha caído en desgracia;  más claramente se discutirá, se analizará y se resolverá a través del debate entre Fiscal, Ministerio Público-Procuraduría (si asiste), Abogado Defensor y Juez de Garantías, en primer lugar, si la captura fue legal o ilegal; paso trascendental en el procedimiento, ya que de ser declarada ilegal, el Juez de igual manera declarará la libertad inmediata del capturado, quien, si así lo desea, puede de inmediato abandonar la sala e irse (por lo regular siempre optan por ello).
Si así sucede, en la mayoría de los casos los fiscales deciden no continuar con sus pretensiones, a no ser que, de manera excepcional, el capturado decida quedarse y continuar en la sala y escuchar la imputación que le haga la Fiscalía y decidir si acepta o no los cargos (si se declara culpable o inocente), que, de ser lo primero, le puede representar una rebaja de la pena de hasta el 50% de la que le correspondería. Y, por último, se decide si se aplica una medida de aseguramiento privativa o no de la libertad; o si de las primeras, pero de carácter domiciliario, es decir, que se le asigna la casa por cárcel igualmente bajo la vigilancia y custodia del INPEC, tal y como si estuviera en reclusión intramural pero en circunstancias y condiciones más flexibles.

Pues bien, aparte de lo anterior, y de manera concreta, la queja del abogado a quien no nombro, para no darle importancia como dice la canción de Diomedes Díaz, va dirigida contra el cuerpo de defensores públicos de dicha ciudad, pero en especial contra el apreciado colega y coordinador de aquella oficina, Donaldo Del Villar, quien hasta hace pocos fungió como Defensor de Confianza, es decir contra-actual del tristemente célebre Samuel Viñas, quien en un supuesto arrebato de celos enfermizos, dio muerte de manera violenta y alevosa a su esposa la comerciante Clarena Acosta.  Según el quejoso, el colega Del Villar, “…utilizó la Oficina de la Defensoría del Pueblo en la URI  para llegar a un acuerdo y asumir la defensa de Samuel Viñas”;  lo cual se nos antoja absurdo, puesto que, al igual que en los turnos que nosotros realizamos en esta ciudad, por ética y por profesionalismo, nos está vedado realizar esa clase de comportamientos.  De todas formas, el tema no es nuevo y ya en pasadas ocasiones y en los inicios de la puesta en práctica del sistema en esta ciudad, un abogado de esta ciudad, y motivado por la misma INVIDA PENE ENTOREN, arremetió contra nuestra colectividad e incluso remitió una queja a la ciudad de Bogotá, la cual no prosperó por no tener fundamento.

En todo caso, qué mejor respuesta que la otorgada por nuestro director nacional, doctor Vólmar Pérez, quien manifiesta que eso obedece a una apreciación subjetiva del abogado; y que de igual manera, nosotros estamos en libertad de prestar nuestros servicios particulares a quien nos contrate, y el caso Viñas nunca pasó por la Defensoría. Y yo agrego, con modestia, que la continua capacitación y nuestro denodado esfuerzo por ser mejores cada día, son nuestra mejor carta de presentación para despertar la INOPIA PENE EN TU VENDITOREN.

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