La Corte Suprema de Justicia mediante una providencia dio vía libre para que la Fiscalía investigue al excomandante del Batallón La Popa, el teniente coronel Luis Fernando Duque Izquierdo y al exjefe de inteligencia, el teniente Pedro Antonio Fernández Ocampo, por el asesinato de tres arhuacos en el departamento del Cesar.

Esto en respuesta a la solicitud que realizó la Fiscalía Sexta Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que fuera revisado la determinación del Tribunal Superior Militar, en la que confirmó la decisión del 5 de mayo de 1992, mediante la cual, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, actuando como juez militar de primera instancia, cesó todo procedimiento penal en contra de los implicados por esos crímenes.

No obstante, el alto tribunal anuló esa decisión que absolvió a los militares y dispuso que la investigación la asuma ahora la justicia ordinaria.

LOS CRÍMENES

Los hechos sucedieron el 28 de noviembre de 1990 cuando Ángel María Torres Arroyo, Luis Napoleón Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro Torres, quienes eran autoridades espirituales del pueblo arhuaco (mamos), fueron secuestrados y asesinados.

Los indígenas se movilizaban desde la ciudad de Valledupar hacia Bogotá para presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno, para tratar temas relacionados a su comunidad, pero en el camino fueron interceptados por sujetos armados.

“El bus en el que se transportaban hizo una parada hacia las 4:00 p.m. en el lugar llamado ‘Inturco’, jurisdicción de Curumaní, donde fueron abordados por un grupo de hombre armados que a la fuerza los introdujeron dentro de una camioneta con rumbo desconocido, siendo esta la última vez que fueron vistos con vida”, reza el dictamen de la Corte Suprema al relatar lo expuesto por el apoderado de las víctimas.

Agrega que el 2 de diciembre del mismo año sus cuerpos sin vidas fueron encontrados y enterrados como personas no identificadas en distintos lugares: uno en inmediaciones del corregimiento La Loma del municipio de El Paso, otro en la vía que conduce de Bosconia a esa misma municipalidad, y el tercero en Ariguaní (Magdalena). Estos presentaban heridas fatales de arma de fuego y señales de tortura.

De acuerdo a lo relatado por el representante de las víctimas, el mismo día de sus desapariciones, personal del Ejército Nacional del Batallón de Artillería N° 2 La Popa presuntamente retuvo a los hermanos arhuacos José Vicente y Armando Villafañe Chaparro para torturarlos e interrogarlos por el paradero del ganadero Jorge Eduardo Mattos, quien era un terrateniente de Valledupar que había sido secuestrado por las Farc.

“Desde ese momento se estableció un vínculo entre los dos acontecimientos, pues durante los vejámenes citados, un consanguíneo del señor Mattos, así como el teniente coronel, Luis Fernando Duque Izquierdo y el teniente Pedro Antonio Fernández Ocampo, les dijeron a los citados hermanos que ya habían retenido a tres de sus compañeros y que habían confesado la responsabilidad de su resguardo en tal secuestro”, precisa la providencia de la corte al indicar lo expuesto por el abogado de las víctimas.

VAN 28 AÑOS SIN JUSTICIA

Este es uno de los casos que golpeó al pueblo arhuaco quienes por varios años han venido clamando justicia al Estado.

Precisamente por estos crímenes en la Casa Indígena de Valledupar, la población realizó varias conmemoraciones donde pidieron que no olvidaran a su cabildo gobernador Luis Napoleón Torres y los otros líderes que fueron asesinados en defensa de sus derechos humanos.

Por: Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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