La denuncia contra Maya Villazón fueron presentadas por la propia Procuraduría, y desde hace seis meses está en manos del magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
El escándalo de las ‘chuzadas’ —interceptaciones ilegales— trascendió del DAS a la Procuraduría General de la Nación. Ayer se conoció que el Consejo de Estado, por petición del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, estudia la posibilidad de abrir una investigación en contra del ex procurador Edgardo Maya Villazón, por la interceptación de líneas telefónicas a varios funcionarios públicos, políticos locales y regionales, y hasta miembros del Consejo Nacional Electoral, las cuales se hicieron desde una sala que funcionaba en el piso 22 de la Procuraduría, para ese fin.
La denuncia contra Maya Villazón fueron presentadas por la propia Procuraduría, y desde hace seis meses está en manos del magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Treinta y siete carpetas con el seguimiento telefónico de líneas fijas y móviles, ordenado por el ex Procurador entre 2002 y 2008, incluye el expediente remitido por la viceprocuradora, Martha Castañeda, quien expresó que el Ministerio Público tiene dudas sobre las competencias legales para el funcionamiento de la sala de interceptaciones, porque no cumplía con las disposiciones a las que deben ceñirse los organismos de Policía Judicial en el nuevo sistema penal acusatorio.
“Las interceptaciones se fundaban en la Ley 600 del 2000, que fue progresivamente desmontada por el nuevo estatuto penal”, señala Castañeda en la acción disciplinaria que radicó en el alto tribunal.
Para la Procuraduría, las órdenes de escucha de líneas no tenían soportes válidos y en 36 carpetas no se encontraron procesos, indagaciones o apertura de investigaciones de las personas que iban a ser objeto de seguimiento, quienes en su mayoría eran funcionarios de la Procuraduría, funcionarios de la Registraduría, miembros del Consejo Nacional Electoral, y personal del Ministerio de Defensa y del Ejército.
En total se escucharon conversaciones de 421 teléfonos: 369 de líneas fijas y 52 móviles.
La sala de interceptaciones de la institución fue cerrada en febrero de 2009 por orden del procurador general, Alejandro Ordóñez.
Maya responde
En carta enviada al director de El Tiempo, medio que dio a conocer la información, el ex procurador Edgardo Maya afirma que se hace responsable de las interceptaciones de telecomunicaciones que ordenó realizar “única y exclusivamente a entidades y servidores públicos al advertir presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”.
Agregó que tiene la plena certeza que en el desarrollo de las mismas no se incurrió en alguna ilegalidad.
Al exponer las razones de orden constitucional y legal que fundamentan sus actuaciones, Maya Villazón afirma que la Procuraduría tiene funciones de Policía Judicial para el cumplimiento de sus funciones.
Además, el exfuncionario cita apartes del Código Disciplinario Único y sentencias de la Corte Constitucional, que fundamentan esas interceptaciones.
La denuncia contra Maya Villazón fueron presentadas por la propia Procuraduría, y desde hace seis meses está en manos del magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
El escándalo de las ‘chuzadas’ —interceptaciones ilegales— trascendió del DAS a la Procuraduría General de la Nación. Ayer se conoció que el Consejo de Estado, por petición del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, estudia la posibilidad de abrir una investigación en contra del ex procurador Edgardo Maya Villazón, por la interceptación de líneas telefónicas a varios funcionarios públicos, políticos locales y regionales, y hasta miembros del Consejo Nacional Electoral, las cuales se hicieron desde una sala que funcionaba en el piso 22 de la Procuraduría, para ese fin.
La denuncia contra Maya Villazón fueron presentadas por la propia Procuraduría, y desde hace seis meses está en manos del magistrado Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Treinta y siete carpetas con el seguimiento telefónico de líneas fijas y móviles, ordenado por el ex Procurador entre 2002 y 2008, incluye el expediente remitido por la viceprocuradora, Martha Castañeda, quien expresó que el Ministerio Público tiene dudas sobre las competencias legales para el funcionamiento de la sala de interceptaciones, porque no cumplía con las disposiciones a las que deben ceñirse los organismos de Policía Judicial en el nuevo sistema penal acusatorio.
“Las interceptaciones se fundaban en la Ley 600 del 2000, que fue progresivamente desmontada por el nuevo estatuto penal”, señala Castañeda en la acción disciplinaria que radicó en el alto tribunal.
Para la Procuraduría, las órdenes de escucha de líneas no tenían soportes válidos y en 36 carpetas no se encontraron procesos, indagaciones o apertura de investigaciones de las personas que iban a ser objeto de seguimiento, quienes en su mayoría eran funcionarios de la Procuraduría, funcionarios de la Registraduría, miembros del Consejo Nacional Electoral, y personal del Ministerio de Defensa y del Ejército.
En total se escucharon conversaciones de 421 teléfonos: 369 de líneas fijas y 52 móviles.
La sala de interceptaciones de la institución fue cerrada en febrero de 2009 por orden del procurador general, Alejandro Ordóñez.
Maya responde
En carta enviada al director de El Tiempo, medio que dio a conocer la información, el ex procurador Edgardo Maya afirma que se hace responsable de las interceptaciones de telecomunicaciones que ordenó realizar “única y exclusivamente a entidades y servidores públicos al advertir presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones”.
Agregó que tiene la plena certeza que en el desarrollo de las mismas no se incurrió en alguna ilegalidad.
Al exponer las razones de orden constitucional y legal que fundamentan sus actuaciones, Maya Villazón afirma que la Procuraduría tiene funciones de Policía Judicial para el cumplimiento de sus funciones.
Además, el exfuncionario cita apartes del Código Disciplinario Único y sentencias de la Corte Constitucional, que fundamentan esas interceptaciones.