En días recientes nos referimos al tema de las invasiones de predios rurales y urbanos, en razón a que el gobierno de Petro, en cabeza de la vicepresidenta y varios ministros saliera a hacer claridad ante los medios de comunicación para advertir que nadie puede hacer uso de la propiedad privada si esta no se ha obtenido mediante los mecanismos legales.

Ahora retomamos el tema porque este fenómeno ha tomado fuerza en Colombia y por los casos registrados en el Cesar, un problema antiguo pero que, con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, en estos dos últimos meses se ha agudizado y ya se torna incontrolable y en crecimiento sistemático.

Mucha gente ha tratado de pescar en río revuelto, aprovechando el marco teórico de algunas propuestas agropecuarias del entonces candidato Gustavo Petro y ahora presidente de Colombia. Algunos sectores no han entendido que una cosa es el espíritu de lo planteado en campañas electorales y otra muy distinta es su viabilidad y legalidad.

En estos momentos el tema de la tenencia de tierras y cualquier clase de predios es un derecho privado que le corresponde a sus actuales propietarios hasta tanto no se modifique la normatividad vigente. Es de advertir además que cualquier cambio al respecto no se puede dar de la noche a la mañana, eso requiere de un proceso previo que demanda mucho tiempo y que debe pasar por el Congreso de la República, léase reforma agraria.

De todas maneras, el gobierno de Petro está en la obligación de tomar el control de la situación que ya comienza a preocupar en grado sumo, es urgente adelantar acciones que generen confianza y tranquilidad en cuanto a los derechos a la propiedad privada, pero de igual manera debe garantizar el derecho al trabajo y a una vida productiva de la población que explota el campo, tanto a los grandes como a los pequeños sectores agropecuarios, que la justicia social sea para todos y en las mismas proporciones.

El tema en las regiones se ha convertido en una papa caliente para los mandatarios departamentales y locales, son ellos los llamados a enfrentar en primera instancia el problema de las invasiones asumiendo todos los riesgos que eso puede ocasionar.

En términos generales el fenómeno plantea un reto grande para el Gobierno nacional, debido a que se trata de una puja de derechos sociales del pueblo colombiano, por un lado, el derecho a la propiedad privada y, por otro, todas las obligaciones que el Estado tiene frente a un amplio renglón de esa población campesina e indígena desprotegida y sin garantías de nada, que espera soluciones de fondo por parte de la institucionalidad.

Es un problema social, en muchos casos no se sabe a ciencia cierta quién invade a quién, en especial en esas zonas de campesinos que por causa de la violencia generada por el conflicto armado fueron desplazados forzosamente de sus predios, las regiones de asentamientos indígenas también piden a gritos una revisión, ellos hoy no tienen claro el panorama.

En el Cesar ya se conocen 13 casos de invasiones en igual número de municipios, este martes estaban en curso dos procesos de desalojo en una zona rural de la jurisdicción del municipio de Chimichagua.

Como se puede observar, en el Cesar el fenómeno también está presente y con síntomas que no dejan de preocupar, eso ha impedido que algunas inversiones en áreas rurales se hayan desarrollado a plenitud por parte del sector privado, limitándose así uno de los primeros eslabones de la cadena productiva de este departamento.

Por ahora, la cosa en ese sentido no pinta bien y merece toda la atención de las autoridades competentes.