En 1996, siendo secretario de Planeación Municipal, me tocó darle cumplimiento al Decreto 992 de ese año relacionado con el funcionamiento de las curadurías urbanas en el municipio de Valledupar, norma después derogada y/o modificada por el Decreto 1052 de 1998, vigente, sobre licencias urbanísticas y de construcción expedidas por las curadurías urbanas.

Fuimos de los primeros en calcular las expensas o cánones para el cobro de las licencias y enviarlas al Ministerio de la Vivienda, recibiendo un reconocimiento por parte de esta dependencia. La figura del curador urbano es un concepto relativamente nuevo en el país que ejerce funciones públicas siendo un particular. 

Estos, por ley, tienen esas facultades, sin embargo, las oficinas de planeación municipal deberán rendir conceptos para que una licencia sea expedida, previa solicitud del curador. Nuestro primer curador urbano fue el arquitecto Iván Zuleta, cuyas labores las ejercía desde el edificio de la alcaldía.

El marco de actuación de las curadurías urbanas es el POT de cada municipio o distrito donde estas existan. Lo cierto es que los municipios y distritos les entregaron la planificación urbana a los particulares y los POT cada vez se acomodan más a estos intereses. Hace rato no me entero del contenido de nuestro POT pero veo con preocupación el facilismo con el que se están expidiendo licencias para el funcionamiento de bombas de gasolina en sitios donde parece no encajan, como , centros residenciales y glorietas, p.ej., la de la Pilonera, enclavada en una zona institucional muy sentida como lo es el parque de la Leyenda, la UPC, el Parque de La Provincia, el balneario Hurtado, el Gimnasio del Norte y en áreas de circulación de barrios residenciales como el conjunto del Norte y la urbanización Santa Rosalía. También, cerca al colegio Bilingüe, en una zona estrictamente residencial, están construyendo otra. 

Es una moda que muchos exalcaldes terminen con bombas, lo mismo que personas con información privilegiada que han propiciado este facilismo comercial; ya es costumbre hablar cariñosamente banalizando el adefesio, p.ej., de la bomba de ‘Ava’ y de la de ‘Tuto’, sin que se haya producido una investigación acerca de cómo las construyeron, al menos yo ignoro que haya sucedido. 

Supongo que para otros exalcaldes el negocio sea de otro tipo, como finca raíz, ganadería o de otra índole, a menos que sus bombas aparezcan en nombre de testaferros. Una bomba, por la naturaleza de los productos que maneja, no es una garantía para sus vecinos, amén de que produce contaminación visual. Quizás los curadores se estén ciñendo al POT y de ser así, este amerita una revisión urgente, no podemos convertir a la ciudad en una hipotética hoguera; de no ser así, entonces habría que investigar la conducta de estos; cuando se pierde la misionalidad, la permisibilidad es posible. Recuerdo que, en mis primeros meses en Planeación municipal, alguien quería construir un hotel en la avenida Simón Bolívar, pero el retiro era grande y deseaban reducirlo; yo no quise autorizar la licencia, pero apenas yo salí de esa oficina, el hotel se construyó como el dueño pretendía sin variar las normas. 

Me resisto a creer que los sitios indicados recientemente sean los ideales desde el punto de vista de la contaminación y la estética. La mayoría de los habitantes de la ciudad no conoce cuales son los criterios técnicos y de salud para conceder la licencia a una nueva EDS, pero si se puede suponer que podría estar en función del tamaño del parque automotor, de la demanda y del tipo de uso del suelo. Por lo que estamos observando, cualquier sitio de la ciudad es susceptible de tener una bomba de gasolina y ya nos acercamos a unas 30 de ellas. Es posible que el parque automotor de la ciudad y la demanda de combustible ameriten nuevas bombas, pero su ubicación debe ser cuidadosamente estudiada; el urbanismo requiere una dosis de maquillaje para que la belleza de la ciudad facilite su venta turística.  

Por Luis Napoleón de Armas P.