Ante el recrudecimiento de una oleada de violencia que azota el proceso electoral en el país, con amenazas a candidatos y actuales funcionarios, el Gobierno nacional a través de sus entes territoriales está obligado a dar cohesión a un proyecto con alcance colectivo que sirva para generar un ambiente de opinión favorable en la sociedad. En este sentido, cobra capital interés la protección y seguridad a todos los que aspiran a las diferentes corporaciones públicas.

En otras palabras, se debe crear un plan de contingencia con mayor certeza y eficacia, que incida de manera directa a enfrentar y desarticular los tentáculos de cualquier organización al margen de la ley y lo más importante, ratificar el interés institucional por el fortalecimiento de la seguridad.

Estos hechos violentos, suscitados en varios departamentos de Colombia, son demostraciones fehacientes y palpables que los enemigos de la democracia quieren acabar con los cimientos que estructuran la misión colectiva del pensamiento ideológico, orientado a potenciar el proceso político administrativo de cualquier ente territorial.

Bajo esta contextualización, es importante aclarar que el Estado colombiano tiene la obligación de salvaguardar la legitimidad de la democracia y garantizar la prevalencia del orden social en todo el país, sobre todo en la actual contienda política. Se debe seguir avanzando en el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo institucional, para brindar seguridad, no solo a los candidatos, también a la comunidad. Resaltamos que la seguridad es concebida como el motor que consagra el orden y la tranquilidad de cualquier conglomerado; es uno de los máximos referentes en la historia dentro del contexto universal.
Los testimonios de asesinatos y amenazas en los últimos días contra candidatos de diversas ideologías, desdibujan la imagen del orden social. Con tristeza y amargura, tenemos que admitir que ésta aseveración es una gran realidad. Un ejemplo patético lo constituye el vil asesinato de la joven candidata a la Alcaldía de Suarez (Cauca) y sus acompañantes. Preguntamos ¿Quiénes la mataron? ¿Por qué? Sea cual fuese la respuesta, lo cierto es que en los medios se difunden discursos plagados de odio; unos afirman que fue la disidencia de la Farc, otros que es la extrema derecha. ¿A quién creerle?

Por fortuna en el país la gente buena es mayor que la mala. Se necesita con urgencia un liderazgo desbordante de valor, transparencia, sensatez y profundo compromiso con la defensa inquebrantable del bien común. Lo más preocupante y que produce rechazo, es que mientras la Unidad Nacional de la Protección asigna un numeroso personal de escoltas a expresidentes de la república y a otros funcionarios, la candidata Karina llevaba uno solo, que ejercía como conductor del vehículo en el que se transportaba. ¡Qué barbaridad!

Sumado a este rosario de hechos desestabilizantes aparece la polarización y antagonismos entre candidatos – seguidores de distintas ideas políticas, donde se esgrime el insulto, la amenaza, el odio, la burla como algo normal, enardeciendo el panorama. Estas manifestaciones deben pasar a la historia, adoptando una postura de respeto a los valores y principios de la democracia. Comencemos respetándonos y aprendamos a vivir con las diferencias. Siempre habrá diferencias.