Los agricultores y ganaderos del país, no han salido de una dificultad cuando ya tienen otra respirándoles en la nuca. 

Después de tres años consecutivos de exceso de lluvias e inundaciones por el fenómeno de La Niña, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos -NOAA, por sus siglas en inglés-, ha pronosticado que, entre mayo y julio próximo, entra el fenómeno de El Niño, con escasas lluvias y altas temperaturas, principalmente en las regiones Caribe y Andina. 

Claramente, estos cambios extremos de climas, merman las producciones en las explotaciones agropecuarias, incrementan los costos de producción y disminuyen las rentas de los agronegocios, poniendo en peligro la estabilidad económica de los de productores del campo e incluso, obligándolos a abandonar su actividad. Es exactamente lo que sucedió recientemente en la zona agrícola y ganadera de La Mojana, por no contar con una política pública de inversión en embalses, drenajes y canales de riego. 

Es en estos momentos es cuando los sistemas de seguros agrarios, bien desarrollados y subvencionados por el Estado, muestran sus mejores cualidades para hacer frente a estas situaciones adversas, sin que las entidades públicas se vean obligadas a repartir ayudas a los productores afectados, mediante programas de alivios de deudas, subsidios en agro insumos y líneas de créditos especiales que sirven para tres cosas: pa ná, pa ná y pa ná. Las ayudas del gobierno siempre llegan tarde, no compensan los daños sufridos y muchas veces son entregadas bajo criterios políticos y de forma injusta. No tienen en cuenta la buena gestión de unos, frente a la mala gestión de otros: igualan a todos por debajo. 

Desde unos años atrás, he venido proponiendo a los ministros de agricultura de turno, la imperiosa necesidad de mejorar la gestión del riesgo agropecuario. El actual esquema de seguros agrarios es ineficiente y no cuenta con el presupuesto suficiente para subvencionar siquiera el 4% del área agrícola cultivada en Colombia. Es un sistema mal diseñado, que, en vez de asegurar riesgos, asegura siniestros y en vez indemnizar a productores, indemniza a los aseguradores. 

Para resolver este asunto, el Ministerio de Agricultura tendrá que instituir un nuevo modelo de seguros agrarios que permita la creación de un administrador del sistema (Sociedad Coaseguradora) conformada por las empresas aseguradoras del país, que quieran participar en este ramo del negocio con un porcentaje en dicha compañía. Al obrar de esta manera, se amplía de una forma muy notable la capacidad de asunción del riesgo, porque se suma la capacidad de asunción de riesgo de todas las aseguradoras adheridas al Sistema. 

La experiencia nos pone de manifiesto que en los países en los que existe este modelo de seguro agrario, los aseguradores son capaces de ofrecer a los agricultores coberturas multirriesgo, seguros de rendimiento e incluso seguros de ingresos. Aparte de lo anterior, está la economía de escala, que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España, por ejemplo, Agroseguros, gestiona todo el Sistema con solo el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una aseguradora aislada. ¿Qué esperan?

Por: Indalecio Dangond