Las inconsistencias en los recursos para la educación

El gobierno nacional, con el Presidente Santos a la cabeza, ha seguido con sus denuncias sobre supuestos casos de corrupción, esta vez en  el sector de la educación, en unos señalamientos que involucran al departamento del Cesar.
En efecto, el sábado pasado, en uno de los llamados acuerdos para la prosperidad, realizado desde Neiva, la capital del Huila, el Presidente dijo que se estaba investigando la asignación de recursos para el sector educativo, por cuanto se había detectado que había departamentos, entre ellos el Cesar, en donde se había girado recursos en una cuantía superior a la equivalente por el número de alumnos atendidos.
Al gobierno, y en particular al Ministerio de Educación, le asiste el deber de verificar que los recursos que se asignen para el sector, correspondientes al llamado SGP (Sistema General de Participación), se inviertan efectivamente en el mismo y en los rubros previamente asignados, según la población a atender.
En las afirmaciones realizadas el pasado sábado, el Presidente Santos y su Ministra de Educación, Luisa Fernanda Campo, mencionaron al Cesar y hablaron de cifras cercanas a los $12 mil millones de pesos anuales, en el caso del departamento del Cesar.
Ante esas denuncias públicas, el propio Gobernador del Cesar, Cristian Moreno Panezo, ha salido a aclarar el tema y a precisar la participación de la administración en la intermediación y giro de esos recursos.
El gobernador advierte que el tema no es nuevo y venía siendo tratado entre su administración y el Ministerio de Educación Nacional, en unas mesas convocadas para verificar y aclarar la situación.  El Gobernador ha explicado que, en efecto, existían inconsistencias entre los recursos girados por el Gobierno Nacional y los alumnos que aparecían matriculados.
En total, es una población superior a las 192 mil personas, matriculadas en 180 instituciones educativas con recursos oficiales. Según una auditoría contratada por el Ministerio, habría más de once mil alumnos que no aparecen. En opinión de la administración departamental la inconsistencia sería de la mitad.
En caso de que se llegare a demostrar que el departamento está recibiendo más recursos de los correspondientes a la población matriculada en sus 180 instituciones educativas de carácter público, se deben realizar los ajustes del caso, investigar a los responsables, inicialmente a los rectores, luego a los supervisores y al personal de la misma Secretaría de Educación.
Desde estas páginas hemos señalado la importancia trascendental que tiene el tema de la lucha contra la corrupción, en todos los sectores y a todos los niveles del Estado. Inclusive nos hemos atrevido a señalar que la misma es como un cáncer que está en todas partes y que ha hecho metástasis en gran parte de la administración pública colombiana.
Pero hay que llamar las cosas por su nombre. En este tipo de denuncias, también lo habíamos advertido, hay que tener una claridad meridiana sobre los casos, los métodos, los procesos y los responsables. Estos son temas que se deben manejar con toda la mesura del caso, con sobriedad  y una gran certeza.
En este caso se debe revisar si son los mismos esquemas de administración de los recursos los que pueden tener estímulos perversos que lleven a la situación planteada.
El tema debe investigarse a fondo y debe llegar hasta sus últimas consecuencias De todas formas, se debe tener mayor precisión, rigurosidad y mesura a la hora de señalar a los presuntos responsables.