Riohacha
Más de mil estudiantes de distintas instituciones educativas públicas de Riohacha marcharon ayer para exigir respeto a sus vidas y el esclarecimiento del asesinato de dos estudiantes de 10 y 13 años, respectivamente, con arma blanca, en los últimos quince días.
Vestidos de blanco y con pancartas en manos, los jóvenes gritaban justicia y paz, y solicitaban a los violentos que los dejaran vivir con tranquilidad. Rectores y docentes también participaron de la protesta que terminó con un acto cultural en la plaza Padilla.
La hermana Emilia Rosa Hernández, rectora de la institución educativa La Sagrada Familia, exigió acciones contundentes a las autoridades contra la violencia que está viviendo el pueblo de Riohacha, y respeto al derecho a la vida de todos los ciudadanos.
Igualmente, solicitó a los padres de familia estar más cerca de sus hijos, saber donde están, en qué ambiente se mueven, ya que esto ayuda a protegerlos y a alejarlos de situaciones conflictivas.
“No queremos más indiferencia, queremos esclarecimiento, queremos la verdad”, fue la expresión de la rectora Maritza Frías, de la institución educativa Helión Pinedo.
En tanto, estudiantes como Ivana Rojas, aseguraron que salió a marchar para protestar por las muertes de sus compañeras, y por la violencia que está atentando contra los niños y la juventud de Riohacha.
Arlet Santos, otro estudiante, solicitó a las autoridades protección para la vida de los menores, que realicen todos sus esfuerzos para hacerle frente a esas personas que están asesinando a los menores de edad.
Hizo también un llamado a los padres de familia, para que estén más pendiente de sus hijos y no les permitan ausentarse de sus casas sin saber donde se encuentran.
Por su parte, la Asociación de Educadores de La Guajira, pidió a las autoridades ejercer una mayor vigilancia en las zonas escolares como una de las tantas medidas de protección para los jóvenes estudiantes.
Consideraron que el alcalde de Riohacha, Jaider Curiel Choles, debe ser más exigente con las autoridades para solicitar el control que requiere la ciudad y garantizar la seguridad que el Estado Colombiano está en obligación de brindar a sus ciudadanos.
