Algunas propuestas para una cruzada contra la corrupción

En días pasados, comentábamos, en estas mismas páginas, sobre la urgente necesidad que tiene el país de declararle la guerra, de frente, sin concesiones, a la corrupción, que tantos y diversos efectos tiene sobre el sistema económico, la política y – por supuesto- la moral en el país.
Igualmente comentábamos, con motivo de la elección de la nueva Contralora General de la República, Sandra Morelli, sobre la conveniencia de adelantar un cambio de fondo al Sistema de Control a la Gestión Fiscal, con el fin de ayudar en ese objetivo de combatir la corrupción.
Pues bien, durante la posesión de la nueva contralora General, la doctora Morelli, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, le propuso al país un una cruzada, “un acuerdo nacional contra la corrupción”; pero además anunció una serie de cambios legales para hacerle frente a este fenómeno, cada vez más extendido.
Esta bien proponer esa cruzada, ese “acuerdo nacional para luchar contra la corrupción”, pero consideramos, como creemos que lo sabe el nuevo gobierno, que un acuerdo expreso de voluntades sobre el tema es necesarísimo, pero no basta.
A la estrategia de la lucha contra la corrupción en Colombia le faltan dientes, normas efectivas y actores, verdaderos gerentes en la materia. con capacidad de actuar en todo el país, de la mano de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, los gremios, los empresarios, los contratistas, las universidades, los medios de comunicación, entre otros sectores.
El gobierno ha anunciado un estatuto integral contra la corrupción, esperamos que el mismo se de a conocer rápidamente y se divulgue y socialice, en las distintas regiones del país. Ojalá que ese estatuto contemple estrategias de prevención y control sobre todos los recursos públicos; mayor transparencia de todas las entidades públicas, fluidez en la información al público, eficiencia, economía y equidad en las entidades públicas, etc.
Adicionalmente, se necesita un cambio de mentalidad en el sector privado, que es el que, tradicionalmente, ha estimulado, de distinta manera, el pago de sobornos por obtener negocios con el Estado. La empresa o el empresario que sea encontrado culpable de sobornar  a uno o más funcionarios públicos para obtener contratos de compra o de servicios de manera fraudulenta, debe ser sancionado de manera drástica y ejemplarizante. Basta ya la doble moral del sector privado sobre este tema.
Es necesario, reiteramos, realizar un cambio drástico, de fondo, al Sistema de Control a la Gestión Fiscal, con el fin de hacerlo más eficiente, tanto en castigar al implicado como en la protección del uso de los bienes públicos. En este sentido, se requiere meterle más comunidad a las tareas de los organismos de control.
Además, y así lo ha anunciado el gobierno, se debe establecer la extinción de dominio para los bienes obtenidos por medio de recursos vinculados a casos de corrupción. Igualmente, se requiere un trabajo conjunto de las Contralorías con la Procuraduría, la Fiscalía y la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la lucha contra el cáncer de la corrupción.
En ese orden de ideas, es válido el llamado del Presidente Santos en esta cruzada contra la corrupción, insistimos; no obstante, para hacerlo efectivo, viable y sostenible, se requiere un compromiso inquebrantable de la sociedad civil, en este sentido.
Las mismas consideraciones son válidas en el plano municipal y departamental, donde la comunidad espera, acciones concretas de control a la gestión fiscal y de denuncia y combate a la corrupción. Las contralorías de Valledupar y del Cesar deben, reiteramos, informarle a los habitantes de la ciudad y del departamento, sus programas, gestiones y resultados en materia de lucha contra la corrupción y el ejercicio del control fiscal.
En este sentido, por parte de la sociedad civil, nuevamente resaltamos el trabajo que viene haciendo desde hace años el Comité de Seguimiento de Inversión de las Regalías del Carbón, una veeduría ciudadana que se creó auspiciada por la Contraloría General y la Procuraduría General. Ojalá tengamos más organizaciones como el Csir haciéndole veeduría y control social a otros recursos públicos y en los distintos municipios del departamento del Cesar y la Guajira.