Con la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer la función pública durante 10 años, el exinspector del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Carlos Arturo Peña Arango, fue sancionado por la Procuraduría Regional del Cesar.

El fallo de primera instancia lo emitió el ente de control al comprobar que Peña Arango en el ejercicio de sus funciones realizó hechos que afectaron y pusieron en peligro la seguridad del interno Frank Herrera Rubio al ordenar a la guardia que le lanzaran gases lacrimógenos, que le ocasionaron lesiones al contacto.

“Al despacho llegó una queja de la apoderada de Herrera Rubio por presuntas irregularidades en hechos ocurridos en la Penitenciaría el 15 de octubre de 2008.  

El preso en mención reclamaba el suministro de la medicina que tenía ordenada y ante su petición de ser llevado a la unidad de tratamiento especial, fue agredido por personal del cuerpo de custodia y vigilancia encapuchados”, explica el auto firmado por el procurador Regional, Perches Giraldo Campuzano.

La falta fue calificada por el Ministerio Público como gravísima, cometida por el disciplinable a título de dolo (voluntad dirigida conscientemente a la realización de una conducta reprochable), teniendo en cuenta que los funcionarios públicos deben cumplir los tratados de  derecho Internacional Humanitario, así como la moralidad, eficacia e imparcialidad  de las funciones propias de su cargo.

Esta decisión fue emitida en audiencia verbal la tarde del jueves 15 del presente mes por el Procurador Regional, brindando la posibilidad al apoderado del acusado de la apelación, la cual no se efectuó, agotando así el procedimiento legal.

Otro implicado

En el proceso también era acusado el dragoneante Wilfredo Cuadros Hernández, quien por falta de pruebas, la Procuraduría declaró terminada su investigación, por lo que ordenó el archivo definitivo de la diligencia. 

Annelise Barriga Ramírez

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